El conflicto por la oferta de empleo público convocada por la Conselleria de Educación sigue vivo a prácticamente un mes y medio de la celebración examen, al que se han inscrito casi 5.000 aspirantes, la mayoría de ellos pertenecientes a la lista de interinos.
La convocatoria de este 2018, prevista para el 23 de junio, todavía está en aire, aún más después de que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) admitiera a trámite el recurso contra las oposiciones presentado por la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), a la que se ha adherido la recientemente creada Associació d'Interins Docents de les Illes Balears (AID).
Su vicepresidente, Sergio Picazo, asegura que, pese a que la convocatoria sigue su curso, se presentarán medidas cautelares para tratar de paralizar estas oposiciones porque «se están incumpliendo los derechos del trabajador. La medida que quieren aplicar para estabilizar el sector público va a mandar a cientos de interinos a la calle y sin derecho a la indemnización». La AID, integrada actualmente por más de 300 docentes de todas las Islas, denuncia que estas oposiciones suponen un «fraude de ley» y que discriminan a cientos de interinos de Baleares que «llevan más de una década trabajando de manera provisional y sin darle la opción previa para consolidar su plaza».
Fraude de ley
En este sentido, Toni Baos, del sindicato CC.OO., defiende la convocatoria y apunta que lo que es fraude de ley es «que sus plazas no hayan salido en oposiciones y tengamos la figura del interino permanente. Eso vicia el sistema, que debe ser garantista e igualitario».
La Associació d'Interins Docents de les Illes Balears asegura que el último acuerdo alcanzado entre la Conselleria de Educación y los sindicatos «rompe» el pacto de estabilidad, que, entre otras, «garantiza que los docentes con mayor puntuación en las listas de calidad educativa tenían garantizado una continuidad en un mismo centro educativo durante un tiempo, 2 o 3 años, según cada pacto. El acuerdo actual no permite que esas 1.500 personas sigan trabajando, aún más si la lista de interinos se reduce al 8%». Sergio Picazo explica que el acuerdo actual sólo permite que aquellos docentes de más de 55 años o con más de diez años de experiencia puedan optar con carácter prioritario a partir del mes de septiembre a cubrir alguna sustitución, si la hay».
Para Baos este acuerdo permite que el proceso siga adelante y, al tiempo, «protege la contratación. Eso sí, sin pervertir el sistema».
Desde la AID se desmarcan de algunas críticas. «Nosotros sí queremos que la gente más novel entre, pero no es justo que se sustituyan a trabajadores por estudiantes recién titulados y no se garantice a aquellos que llevan décadas trabajando».
Por todos estos motivos, estos docentes asociados continúan su lucha para paralizar este proceso que, según la previsión realizada, ofertará 3.000 plazas en tres años en Educación.