El presidente del PP en Baleares, Biel Company ha acusado este miércoles al pacto de izquierdas que gobierna en el Ayuntamiento de Palma de «compartir el mismo ADN con el del Govern y el Consell de Mallorca» y de estar «muy a gusto prohibiendo actividades y persiguiendo a los empresarios» con la nueva ordenanza de terrazas.
Company, que junto a la presidenta del PP de Palma, Marga Durán, se ha reunido este miércoles con restauradores de la calle Fábrica para conocer sus opiniones y reivindicaciones, ha alertado de que «tenemos un Govern, un Consell y un Ayuntamiento de Palma que lo que quiere es frenar la actividad económica y eso no lo podemos aceptar».
En este sentido, ha señalado que con la nueva ordenanza el pacto de izquierdas «quiere volver a tener una Palma sin vida ni actividad» con una ordenanza que «si sigue adelante, supondrá que haya trabajadores que se vayan a la calle».
Por tanto, ha avanzado que si gobiernan en 2019 no tardarán «ni un minuto en volver a la situación que permita que las zonas estén vivas» y que lo harán «buscando los equilibrios y los consensos necesarios entre vecinos, comerciantes y restauradores».
El presidente del PP balear se ha mostrado «absolutamente de acuerdo» en que debe haber un equilibrio entre los vecinos y los comerciantes y los restauradores y al final de la reunión ha manifestado que «los restauradores quieren cumplir la ordenanza actual y que se lleven a cabo los controles pertinentes».
Por su parte, Durán ha lamentado que se haya impedido participar en la oposición durante dos años y medio y que en el último momento «al equipo de gobierno le entren las prisas por aprobar una ordenanza absolutamente perjudicial para la ciudad».
Así, ha recordado que «aunque el PP pidió participar en las mesas de negociación, se nos ha excluido de todas y cada una de las reuniones y no se nos ha facilitado ninguna información hasta hace unos días».
La portavoz también ha remarcado que su grupo municipal defenderá una proposición en el próximo pleno de febrero en que se pedirá al equipo de gobierno que «no se apruebe una nueva normativa sin que haya un consenso total» entre vecinos, restauradores y todos los partidos políticos, para que la nueva ordenanza tenga continuidad en el tiempo.