El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma ha acordado el archivo del caso Minerval «al no quedar debidamente justificada la perpetración del delito de estafa objeto de la denuncia» que inició el procedimiento y considerar que no existió ningún elemento de engaño, según ha informado en una nota el TSJIB.
A su vez, el magistrado remite testimonio de las actuaciones practicadas a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, contemplando la posibilidad de que puedan haberse cometido infracciones muy graves en las disposiciones administrativas que regulan los medicamentos.
De este modo, el citado organismo deberá analizar si existen motivos para incoar y tramitar algún expediente administrativo sancionador por las actividades comerciales realizadas con el producto desde el año 2004.
Sobre uno de los denunciados, Pablo Vicente Escribá, el juez señala que «no puede decirse que aprovechara la escasa formación de los compradores de Minerval para generar su confianza, y una vez alcanzada, convencerles de adquirir el producto», dado que muchos de los compradores «son titulados superiores, alguno de ellos incluso médicos, biólogos, catedráticos, profesores de universidad y personas cercanas al ámbito universitario», que «al decidir la adquisición de Minerval, sabían que se trataba de un producto en fase experimental».
«No se les aseguró su eficacia curativa, se buscaba una alternativa para pacientes sin tratamientos convencionales aplicables que decidieron tomarlo o adquirirlo pues no tenían nada que perder».
Éste es el gran problema. Los que conocemos a estos tipos lo sabemos desde hace años