La entrada en vigor de la ley y posterior decreto ley de alquiler turístico de Balears ya tiene los primeros efectos en las Islas. Propietarios de pisos, cuya comercialización turística está prohibida, han cancelado las reservas previstas para las próximas semanas por temor a las elevadas multas -de entre 20.000 y 40.000 euros para los propietarios- que contempla la nueva normativa. Así lo reconocieron este miércoles desde la patronal Aptur, que ha recomendado a sus socios que retiren del mercado la oferta ilegal y cesen su actividad de forma inmediata.
Esta recomendación, que ya se está llevando a cabo, ha generado preocupación y desconcierto entre los propietarios, al tiempo que ha originado malestar entre los clientes afectados por las cancelaciones. Desde Aptur recordaron que estos clientes ya habían adquirido los billetes de avión y, en la mayoría de casos, habían abonado una parte del coste de la estancia.
«A estas alturas del verano su reubicación en otro alojamiento es complicada, además de ser más cara ya que una vivienda unifamiliar cuesta más que un piso o un apartamento», reconocieron desde la patronal. De momento, los hoteleros no han registrado un aumento de reservas de última hora debido a esta cuestión, según indicaron desde la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM). Aún así, reconocieron que todavía es pronto para notar los efectos de la ley y que habrá que esperar unos días.
Cabe recordar que todos los alquileres turísticos deben incorporar el número de licencia turística obtenida a través de la Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística (DRIAT). Además, el Govern considera que todos los arrendamientos de menos de 30 días son turísticos a no ser que se demuestre lo contrario, es decir, que exista un contrato de arrendamiento y se haya depositado la correspondiente fianza ante el Ibavi.