Los propietarios de pisos de edificios de cualquier zona de Baleares que los alquilen a turistas se enfrentan a partir del martes a multas que oscilan de 20.000 a 40.000 euros, según recoge la nueva ley del alquiler turístico de las Islas Baleares, que entra en vigor ese día.
En el caso de las inmobiliarias, intermediarios turísticos o plataformas digitales que los publiciten, como AirBNB o HomeAway, la sanción puede llegar a los 400.000 euros.
El Govern del PP de José Ramón Bauzá ya prohibió en la pasada legislatura, en el año 2012, el alquiler de pisos a turistas, aunque apenas se persiguió esta actividad.
Ahora, el ejecutivo progresista liderado por la socialista Francina Armengol y los econacionalistas de MÉS quiere hacer efectiva esta norma con instrumentos y sanciones ante una actividad que está creando serias dificultades a residentes y trabajadores que vienen a las islas para encontrar un lugar para vivir a precios razonables en atención a sus sueldos.
La nueva ley deja la posibilidad a los consells insulars de cada isla -Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera- y al Ayuntamiento de Palma a decidir si permiten el alquiler turístico en pisos, cuánto tiempo y en qué zonas de cada isla o de la capital balear.
Estas instituciones, gobernadas por partidos progresistas, tienen un año para acordar qué hacen, aunque se prevé que mayoritariamente mantendrán la prohibición.
Con el fin de perseguir el alquiler ilegal en pisos, la Conselleria de Turismo pondrá en funcionamiento una plataforma electrónica para que los ciudadanos denuncien a los propietarios que los alquilen. En ningún caso las denuncias pueden ser anónimas y solo servirán para que los inspectores inicien su trabajo.
A efectos prácticos, el propietario que desde el martes tenga en su piso a un turista menos de 30 días, sin un contrato de arrendamiento y sin que el visitante haya pagado una fianza, está actuando ilegalmente y se expone a ser multado.
Además, la carga de la prueba de que la actividad es legal -la documentación- la debe aportar el propietario; por tanto, la administración debe demostrar la ilegalidad, lo que resulta un cambio sustancial hasta ahora que facilita mucho el trabajo a los inspectores.
Para ayudar a los turistas, la conselleria creará una aplicación de móvil específica para que consulten si la casa que se pretende alquilar es legal o no.
Esto es fácil de comprobar porque cualquier casa legal tiene un número identificativo que avala su permiso de alquiler turístico. A día de hoy en Mallorca hay 15.000 viviendas con autorización para alquilar.
La ley permite alquilar en Baleares a turistas si se trata de casas aisladas (chalés) o rústicas, adosados o medianeras de pueblos, siempre y cuando tengan la correspondiente licencia de la Conselleria de Turismo, requisito indispensable.
«Lo que hacemos es dar seguridad jurídica, hasta ahora estaba prohibido alquilar en pisos; ahora lo seguirá estando salvo en las zonas que autoricen los consells y el Ayuntamiento de Palma», ha declarado el vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló.
Tras la aprobación de esta normativa, el ejecutivo balear ha anunciado que aumentará el número de inspectores, que en la actualidad se cifra en 15.
En esta misma línea de frenar la especulación en este sector, el Govern ha aprobado esta semana el proyecto de la primera Ley de la Vivienda de las Islas Baleares, cuyo objetivo es facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
El texto obliga a los «grandes poseedores» de viviendas -sociedades y empresas, no particulares- a cederlas si llevan dos años vacías con el fin de hacer frente a una «necesidad objetiva de dificultad» de acceso a la misma, según ha explicado el conseller del Territorio, Energía y Movilidad.
La ley considera que los «grandes poseedores» son las personas físicas y jurídicas que, directamente o indirectamente a través de sociedades, participan de manera activa en el mercado y tienen diez viviendas o más en propiedad, alquiler o usufructo.
Las entidades afectadas recibirán una compensación económica adecuada, según establece esta futura ley, que fija la obligación de los «grandes poseedores» de inscribir las viviendas vacías en el Registro de Viviendas Desocupadas, bajo la advertencia de sanción en caso de que no lo cumplan.