En el auto de prisión de Bartolomé Cursach y Tolo Sbert dictado por el juez Penalva se apunta la connivencia de una serie de políticos con las presuntas maniobras ilegales del empresario. Estas maniobras tendrían por objeto conseguir un trato de favor para sus negocios, así como la persecución política, institucional y policial de sus competidores.
Los políticos que se citan son el expresident Jaume Matas, quien según los testigos tenía una relación «muy fluida» con la dirección de la compañía; el exteniente de alcalde de Cort y actual diputado Álvaro Gijón; el también exregidor y expresidente de la junta del PP de Palma, José María Rodríguez; y el exalcalde de Calvià Carlos Delgado, que según el auto hacían «favores» a la empresa del empresario.
Así, un testigo ha apuntado en su declaración ante el juez que Gijón fue quien gestionó las plazas de aparcamiento, paradas para taxis y autobuses frente a las discotecas Pachá y Tito's, y que el subdirector general del Grupo Cursach, que era «íntimo amigo» suyo, lo convenció para permitir aparcar coches en la mediana del Paseo Marítimo en fin de semana.
El juez también da verosimilitud a que la facturación en 'B' de los negocios de Cursach ascendía a cuatro millones de euros al mes. Este dinero era controlado por Tolo Sbert y depositado en cajas fuertes.
Asimismo, Penalva no duda en calificar, en el documento judicial, de «grupo criminal y pseudomafioso» el conjunto de empresas de Cursach, que emplean a unos 1.700 trabajadores en la temporada alta.