El exconcejal de Movilidad del PP en el Ajuntament de Palma Gabriel Vallejo, que fue detenido el pasado lunes por su presunta implicación en el supuesto fraude en la adjudicación de la ORA, continúa imputado tras declarar este viernes ante el juez que investiga el caso, Manuel Penalva.
Vallejo, que había quedado en libertad el miércoles después de ser interrogado en sede policial por los agentes que investigan el caso y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán, ha comparecido la mañana de este viernes ante el juez durante unas dos horas.
Uno de sus abogados, Cristóbal Sastre, ha manifestado al abandonar los juzgados de Palma que la situación de su cliente queda «exactamente como estaba».
Vallejo fue detenido el pasado lunes junto a otras doce personas en el marco de una operación ordenada por el titular del juzgado de instrucción 12 de Palma y derivada de la causa en la que se investiga una presunta trama de corrupción en torno a la Policía Local de Palma.
Entre los detenidos en esta nueva pieza sobre la presunta manipulación del concurso para gestionar el aparcamiento de pago en las calles de la capital balear se encontraba además la exconcejala de Función Pública Irene San Gil, que quedó en libertad el mismo lunes.
ESte jueves, el juez Manuel Penalva ordenó el ingreso en prisión provisional de un funcionario del Ajuntament de Palma y de un empresario por su presunta implicación en la adjudicación fraudulenta de la gestión de los estacionamientos. También declaró ante el instructor otro funcionario que quedó en libertad.
El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional detuvo a 13 personas en el marco de esta investigación, entre ellos los dos exconcejales y ocho funcionarios de las áreas de Contratación, Intervención y Servicios Jurídicos de Cort y uno de los responsables de la UTE adjudicataria de la ORA.
Se investiga la licitación y adjudicación del servicio de la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos (ORA) a la unión temporal de empresas que presentó la oferta más cara, de 25,4 millones euros. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el contrato fue amañado y que cargos políticos obtuvieron cohechos a cambio.
Con todas las garantías
También ha declarado este viernes uno de los funcionarios investigados, miembro de la mesa de contratación que adjudicó la ORA, quien ha asegurado al juez que el proceso se realizó con todas las garantías preceptivas.
El funcionario ha señalado que tuvo conocimiento de la oferta de la empresa que resultó adjudicataria una vez presentó su propuesta en la mesa de contratación, lo que contrasta con su declaración ante la Policía, donde explicó que dos meses antes de convocarse el concurso dispuso de información de la empresa que finalmente obtuvo la concesión, según las mismas fuentes.
Los investigadores sospechan que este imputado participó en el amaño del concurso por indicación de superiores políticos adaptando los pliegos de condiciones a la oferta que iba a presentar la empresa que resultó ganadora.