El Consell de Mallorca carga contra la intención del Govern de que algunas instalaciones agrarias en suelo rústico queden exoneradas y no cumplan los parámetros urbanísticos que se exigen al resto de las instalaciones.
El decreto sobre el que trabaja el Govern exime de este cumplimiento a las instalaciones agrarias que estén en suelo rústico común pero, lo que es más polémico, también exonera a las edificaciones complementarias a la actividad agraria.
Esa era una disposición de la ley agraria de Gabriel Company, conseller de Agricultura en el Govern de José Ramón Bauzá, que quedó en suspenso y que hora quiere recuperar el nuevo conseller a petición de las entidades agrarias. Asaja ya ha dicho que le parece insuficiente ya que las exoneraciones solo se autorizan en suelo rústico común y no protegido.
El demoledor informe del Consell suma 25 páginas para un decreto de apenas cinco artículos y una disposición transitoria. En esencia, el decreto señala que algunas de las disposiciones incurren en una serie de «incorrecciones e inadecuaciones al marco legal y estatutario», lo que es una forma jurídica y complicada de decir que no cumple el Estatut d’Autonomia.