La Fiscalía aprecia indicios de un posible delito de prevaricación en la paralización de multas a empresas y particulares por parte de la dirección de la empresa municipal de Palma Emaya durante la legislatura 2011-2015, por lo que ha remitido el caso a un juzgado.
La actual presidenta de Emaya y concejala de Medio Ambiente, Neus Truyol, ha informado este miércoles en rueda de prensa de que este martes la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) recibió una notificación de la Fiscalía en la que informaba que advertía que podía haberse cometido el referido delito y, por ello, remite este caso a los tribunales.
Truyol ha explicado que en mayo pasado su departamento envió a la Fiscalía el expediente con el centenar de sanciones paralizadas y otro expediente informativo abierto por el equipo de gobierno municipal para esclarecer este asunto.
La responsable municipal ha recordado que en abril se encontraron carpetas con sanciones «paralizadas», algunas de ellas por «orden» de la anterior presidencia de Emaya.
A raíz de ello se abrió un expediente informativo para esclarecer los hechos y se llegó a la conclusión que desde «la anterior presidencia de Emaya se daban ordenes explicitas para paralizar sanciones», por lo que se trasladó la información a la Fiscalía para que investigara los hechos.
Tras conocer la decisión del ministerio público, el gobierno municipal de Cort ha expresado su «total disposición y colaboración para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades».