La Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) ha presentado este jueves ante la Fiscalía la documentación de las actas de inspección anuladas durante los años 2010-2015 para que, han señalado, «si se considera oportuno, se abran diligencias previas».
Según han explicado, esta documentación fue localizada el pasado 14 de abril y desde entonces «se realizó una investigación interna» que ha concluido «esta misma semana».
De esta manera, han precisado que la documentación consiste en una carpeta con unas 90 actas que, según dicen, «en su momento no se tramitaron para proceder a abrir el correspondiente expediente sancionador».
En el informe presentado ante el Ministerio Fiscal se destaca que en cada una de las actas aparecía la palabra 'nula' o 'anulada' y que a raíz de este hallazgo, «inmediatamente» se pone en conocimiento de la Dirección de Calidad Urbana y de la Dirección de Recursos Humanos de EMAYA y se abre una investigación interna para determinar sus orígenes.
Asimismo, relata el informe, se tuvo conocimiento de una segunda carpeta en el marco de la investigación interna. Esta carpeta fue entregada por una trabajadora de EMAYA, donde según manifestó, había actas explícitamente paradas por presidencia.
Por otro lado, el técnico ambiental día 11 de mayo, encontró en el antiguo despacho de controladores 15 actos anuladas más y, por otra parte, el 18 de abril se solicita información en el Area de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Palma si las denuncias encontradas habían llegado a Cort.
Una vez consultada la base de datos del Ayuntamiento, se comprueba que no se ha tramitado una sola acta y, por tanto, el Ayuntamiento de Palma no tiene constancia de su existencia.
Desde el Area, añaden que la mayoría de las infracciones son calificadas como leves y que, por tanto, «la totalidad de estas se encuentran prescritas al haber sobrepasado seis meses desde su levantamiento».
Tras esto, explican desde Emaya, el análisis de las actas encontradas muestra que la última acta anulada fecha del mes de marzo de 2015.
Con a entrada de la nueva dirección de Emaya, hace diez meses, informan de que «no se les informó ni puso de manifiesto en ningún momento la existencia de esta documentación donde se hacía recoge de estas actas anuladas hasta la encuentro de las mismas».
Además, «no se le había advertido de ninguna manera que existía este 'modus operandi' en el Servicio de Inspección Medioambiental (SIMA)».