La defensa del expresidente del Gobierno balear Jaume Matas, durante su turno de palabra en el trámite de informes del caso Nóos, ha aseverado que ni el exdirigente autonómico «ni ningún ciudadano español podía imaginar que se estaban desviando fondos públicos» en el momento en que ordenó contratar al Instituto Nóos para la celebración de los denominados Illes Balears Forum.
En su intervención, el abogado José Zaforteza ha rebatido así el delito de malversación que las acusaciones atribuyen a su patrocinado, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama cinco años de cárcel. «Para ello se exige el ánimo de lucro en el momento de contratar, y no fue así», ha subrayado el letrado, recalcando que, de hecho, Nóos fue presentada como una organización sin ánimo de lucro.
Haciendo referencia a otras sentencias dictadas en Balears y confirmadas por el Tribunal Supremo, el abogado ha abundado en los exaltos cargos políticos condenados hasta el momento por malversación lo han sido tras acreditarse que la contratación en cuestión «no atendía a una finalidad pública, el evento no se realizó o éste tenía en realidad un precio notablemente inferior».
«No por ser vos quien sois»
Zaforteza ha negado que Matas cometiera malversación ya que ordenó la contratación de Iñaki Urdangarin por sus contactos y «no por ser vos quien sois», ni para que se lucrara.
El abogado ha pedido al tribunal que analice los hechos en el contexto en el que se produjeron en 2004 y no con lo que se sabe actualmente.
Ha señalado además que Matas «no decidió libremente» su contratación, que fue una iniciativa del exdirector general de Deportes y amigo de Urdangarin, José Luis «Pepote» Ballester, y la ordenó después de una reunión donde el marido de la infanta Cristina y su socio Diego Torres presentaron al Govern un evento sobre turismo y deporte, en un momento en el que Baleares había sufrido una pérdida muy significativa de turistas y requería promoción.
«En ese contexto es cuando se contrata al señor Urdangarin, no como parecen dar a entender las acusaciones 'por ser vos quien sois'», ha manifestado el letrado, quien ha recordado que el marido de la infanta era una personalidad reconocida en el mundo del deporte, donde tenía contactos relevantes.
El letrado ha negado que se pueda imputar a Matas malversación por el mero hecho de la contratación, porque en ese caso debería haber otros acusados.
«Si Matas es responsable por haber ordenado la contratación de Urdangarin, yo me pregunto dónde están el señor Gallardón, dónde está la señora Rita Barbera y dónde esta el señor Camps. ¿Qué diferencia hay en la actuación del señor Matas con las personas que acabo de citar?», ha dicho Zaforteza sobre otros responsables políticos de administraciones que contrataron al Instituto Nóos.
Tampoco admite que la acusación por malversación sea de un delito continuado, cuando Matas únicamente dio una orden de contratar a Urdangarin.
Niega también que se pueda considerar al expresidente balear inductor por ordenar a Ballester que pagara 400.000 euros que reclamaba Nóos por trabajos que el Govern consideraba inadecuados, algo que cree que no se ha probado.
Alía
También ha presentado su informe el abogado defensor del exdirector del Ibatur Juan Carlos Alía, José Ignacio Herrero, quien ha señalado que concuerda con la pena solicitada por la Fiscalía y por la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, que piden una condena sustituible por multa y ha manifestado su discrepancia ante los 8 años de prisión que reclama Manos Limpias.
Herrero ha señalado que Alía admitió lo ocurrido, al igual que los otros tres ex altos cargos acusados en Nóos y le ha descrito como «un indio más», por lo que considera que «no se merece una cosa distinta» y se le deben aplicar en la misma medida las circunstancias atenuantes de colaboración con la Justicia y reparación del daño.
Ha recalcado ante el tribunal que consideraría «una injusticia» si la pena contra Alía «se elevase de una forma absolutamente desorbitada».
Además ha planteado una «posible cuestión prejudicial» y ha señalado al tribunal que Manos Limpias está siendo investigado en otro procedimiento que podría derivar en la inexistencia de personalidad jurídica del sindicato, lo que abriría la posibilidad de presentar un recurso extraordinario contra dicha acusación popular.