El juez Pedro Barceló ha citado a un total de 33 imputados y testigos en diciembre en el marco del caso Picnic, reactivando de este modo una causa que estalló en 2011 a raíz de un presunto desvío de más de un millón de euros del Ajuntament de Palma a hacer proselitismo y propaganda de la ideología de Unió Mallorquina (UM) mediante la contratación, con fondos públicos, de informadores medioambientales que en realidad se dedicaban a instar al voto a favor de la extinta formación.
Después de que recientemente imputase al expresidente de Unió Mallorquina (UM) Miquel Nadal por estas pesquisas, el magistrado ha acordado el encausamiento de la que fuera su secretaria técnica, Eugenia Cañellas, quien ha sido emplazada a declarar el 14 de diciembre, tal y como consta en una providencia.
Las pesquisas se centran en averiguar si pudieron cometerse, entre otros, delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación con la contratación, por parte del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof), de una veintena de trabajadores que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos, sino que se habrían dedicado a atraer puerta a puerta nuevos simpatizantes para el partido.
Es más, el caso centra parte de las investigaciones en esclarecer si la formación regionalista utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención de unos 300.000 euros aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.
En torno a estos aspectos centrará los interrogatorios el juez, quien además ha aplazado al 1 de diciembre la declaración como imputado del exconseller de Turismo del Govern y exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, quien había sido inicialmente citado para el 26 de noviembre.
También ha sido pospuesta al mismo día la comparecencia de la exnúmero dos de UM en Palma y exconcejala Cristina Cerdó, el exconseller de Deportes del Govern Mateu Cañellas y el exconseller insular de Economía y Hacienda Miquel Àngel Flaquer, todos ellos también como encausados.
En lo que a los testigos se refiere, serán interpelados los días 14, 16, 17, 22 y 23 de diciembre, así como el 13 de enero. Entre ellos hay citados funcionarios municipales, informadores medioambientales y empresarios.
En el caso de Nadal y Cerdó, su citación se produjo después de que una exintegrante del partido relatase en calidad de testigo ante el juez cómo la exalto cargo de UM le ofreció un sobre con 60.000 euros, en billetes de 500, a cambio de recabar votos a favor del sector liderado por la propia Cerdó y por Nadal en los procesos internos de UM de 2009.
Durante su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción número 8, la declarante recordó que Cerdó le dijo que «si ella y su gente votaban por Miquel Nadal, tendría una buena recompensa», si bien la testigo rechazó el ofrecimiento de la exregidora de Medio Ambiente.
Según puso de manifiesto la testigo, de 70 años, «también llamaron a otras personas para pedir el voto para Nadal», aseverando que «la idea era hacer desaparecer políticamente» a Mateu Cañellas a fin de que éste «no sacara votos para ocupar ningún cargo».
Precisamente, en un escrito que el propio Cañellas presentó en otro Juzgado, el exatleta aludía a los 60.000 euros como unos fondos que, aseveraba, podrían proceder «de los recursos económicos ilícitos de los que disponían algunos dirigentes de UM y, en este caso concreto, de la regiduría de Medio Ambiente o la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya), controladas directa y firmemente por Cristina Cerdó».
Registro en la sede de UM, primero en Balears
Cabe recordar que, en el marco del caso Picnic, fue registrada la sede de UM en febrero de 2011 en lo que constituyó el primer registro del local de un partido político en la historia democrática de Balears. También fue ordenado el allanamiento del Imfof y de las oficinas de Medio Ambiente del Ajuntament.
Asimismo, durante esos días, el juez dictó prisión bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó y de 100.000 para la exgerente del Imfof Paula Cortés -posteriormente rebajada a 65.000-, mediante un auto en el que aseveraba aseveraba que con la contratación de gente afín a la formación (los informadores medioambientales) el partido «se ganaba adeptos y fieles que los apoyarían, dando así una imagen de ser un partido de éxito con el consecuente efecto arrastre que ello puede suponer a la hora de disipar el llamado voto útil».
En concreto, la causa se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción número 8, cuyo titular, Antoni Rotger, se abstuvo del caso por amistad con Nadal. Debido a esta circunstancia, las investigaciones recayeron en manos del de Instrucción 2, Pedro Barceló.
Otras causas centradas en UM
Junto al caso Picnic, otras causas como Voltor y Maquillaje indagan en esta misma línea la supuesta captación de votos por parte de UM y la posterior contratación irregular de distintas personas, principalmente pertenecientes a colectivos sudamericanos, en organismos públicos y empresas privadas por haber votado a la formación, disuelta en febrero de 2011 a raíz de las numerosas causas de presunta corrupción que pesaban a sus espaldas.
Entre la distinta documentación recabada, se encuentran las confesiones de numerosos ciudadanos que en su día pusieron en conocimiento de los investigadores cómo UM, durante la campaña electoral previa a los comicios municipales y autonómicos de 2007, habría tratado de conseguir el voto a cambio de distintos ofrecimientos, como dádivas o recompensas por ejercer el derecho al sufragio en favor del extinto partido.
«Me dijeron que si quería ganarme un dinerillo que votara a UM, que ganaba ochenta euros». Es lo manifestado de modo literal por una de las ciudadanas afectadas por esta presunta trama electoral, quien recordaba cómo cuando entró en una panadería de Es Molinar la dependienta le preguntó: «¿No tienes trabajo ni dinero? Porque no quieres, porque votando a UM te pagan ochenta euros».