El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Baleares, Antoni Real, ha declarado este miércoles que «puede haber motivos técnicos para haber retrasado el concurso» para la adjudicación de oficinas de farmacias, si bien, ha matizado que «desconoce» dichas razones.
Real ha declarado como testigo durante 1:45 horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcías, en el marco de la querella interpuesta contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, por no haber convocado el concurso de méritos para la adjudicación de farmacias en la Comunidad.
«Desde el Colegio interpretamos que puede haber motivos para retrasar el concurso, pero hay aspectos técnicos que yo desconozco en profundidad, que afectan a temas legales; de contenciosos, sentencias del Supremo», ha manifestado al respecto.
Con todo, según ha resaltado Real, «se ha optado» por aprobar la Ley que modifica la ordenación farmacéutica de Baleares, una medida que «la habíamos reclamado en su momento» para, a partir de ahí, con esta reglamentación poder sacarlas a concursos.
Así, el presidente de la entidad colegial ha considerado que «tal vez sí» se hubiese podido sacar a concurso la adjudicación de farmacias, si bien, ha insistido, en que ello «depende de cuestiones más técnicas» sobre las que él no está en condiciones de manifestarse.
«NUNCA HA HABLADO CON EL PRESIDENTE DEL TEMA DE FARMACIAS»
Preguntado si cree que la condición de farmacéutico del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, y del conseller de Salud, Martí Sansaloni, ha podido influir en esta decisión de retrasar la apertura del concurso, Real ha señalado que «nunca ha hablado con el presidente del Govern» sobre el tema de farmacias, si bien, ha explicado que sí que ha conversado «en varias ocasiones» con el conseller y el director general, «que no estaban incompatibilizados, por supuesto, sobre la necesidad de hacer las cosas en un sentido de hacer las cosas en un sentido o en otro».
«Sencillamente era un tema personal mío y así se lo he puesto de manifiesto, pero ya digo que yo con el presidente no he hablado», ha precisado en las declaraciones realizadas a los medios de comunicación tras declarar en el Juzgado.
Real tampoco se ha pronunciado acerca de si piensa que detrás de dicho retraso pudiera haber razones «políticas». «No estoy en condiciones de descartar o afirmar si había temas políticos, lo desconozco. Pero lo que sé está demostrado es que los temas técnicos están sobre la mesa», ha aseverado.
Sobre la posibilidad de que la demora en la adjudicación de farmacia haya podido producir perjuicios a algunos farmacéuticos, el presidente del Colegio de Farmacéuticos ha apuntado que entiende que haya algunos farmacéuticos que piensen que «están afectados» y que, por tanto, hayan actuado por este motivo.
Por último, ha admitido que «no se esperaba» que su declaración ante el juez «fuese tan larga», lo que se ha debido, ha explicado, a que «se ha hecho un repaso puntualmente de todo lo que ha pasado durante estos años».
QUERELLA CONTRA VARIOS CARGOS DEL GOVERN
Además de contra Bauzá, la querella también fue interpuesta contra el director general de Gestión Económica y Farmacia, César Vicente Sánchez, imputado por estos hechos, y el conseller de Salud, Martí Sansaloni.
La denuncia fue posteriormente ampliada contra la secretaria general de la Conselleria de Salud, Lucía Matías, por infidelidad en la custodia de documento y falsedad en documento público y prevaricación.
Cabe recordar que el pasado mes de febrero la Audiencia Provincial de Baleares ordenó al magistrado a admitir a trámite la querella, que apunta a la presunta comisión de un delito de prevaricación.
El querellante, el farmacéutico Cristóbal Pons, alega que el anterior Govern había autorizado la creación de nuevas farmacias en Baleares desde febrero de 2009 hasta mayo de 2011, mientras que en octubre y noviembre de ese año se autorizaron dos más. Sin embargo, recrimina que no fue hasta agosto de 2013 cuando el actual Ejecutivo instó la convocatoria del concurso de méritos para determinar a quién debían ser adjudicadas.
Por su parte, la Audiencia aseveraba que los hechos narrados en la querella, «desnudos, como han sido ofrecidos al juzgador, sí revisten de modo indiciario aquella apariencia» delictiva.
La Audiencia señalaba que, si bien el retraso en la apertura del concurso «pudo obedecer a la simple o intrínseca lentitud de la Administración o a otros intereses, o a la propia situación económica», situación en la que podría apreciarse «atisbo alguno de omisión grosera, flagrante y evidente del ordenamiento jurídico», la presunta actuación delictiva por parte del Govern «no puede descartarse con la rotundidad necesaria» hasta que no se practiquen las pruebas de investigación pertinentes.