El portavoz de MÉS en el Ajuntament de Palma y exdirector general de Movilidad en el Govern del Pacte, Antoni Verger, ha defendido que la compra de trece unidades de tren durante la pasada legislatura, investigada a raíz de una denuncia del PP por un presunto desvío de fondos públicos, fue «impecable» a nivel técnico, económico y jurídico.
Verger ha acudido a declarar este miércoles en calidad de imputado por estos hechos, si bien la jueza instructora de la causa, Ana San José, ha acordado la suspensión de la comparecencia -a petición de la Fiscalía-, después de que el encausado haya entregado un informe jurídico elaborado por el jefe de los servicios jurídicos de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), que avalaba la operación.
Del mismo modo, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 ha suspendido 'sine die' las declaraciones que también había previstas del exconseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens y de dos exresponsables de SFM, Jaume Jaume y Rafel Sabater, también imputados.
A raíz de la presentación del informe, el Ministerio Público ha solicitado la declaración del denunciante de los hechos, el gerente de SFM, José Ramón Orta. La jueza deberá decidir en próximos días si acuerda su comparecencia, a fin de esclarecer si se cometió un supuesto delito de malversación de caudales públicos a través de la adquisición de los trenes eléctricos por parte de SFM que, según denuncia el PP, se habría efectuado sin la convocatoria del preceptivo concurso.
El informe presentado por Verger considera «viable jurídicamente» la opción de compra planteada en su día por SFM para la adquisición del nuevo material móvil, articulada a través de un contrato de suministro al amparo de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (LCSE).
En este sentido, entre otras consideraciones, esta normativa contempla la cantidad de 412.000 euros como importe a partir del cual aplicar sus prescripciones, y que es «ampliamente» superado para la adquisición de las unidades de tren.
Asimismo, de acuerdo a los preceptos de la LCSE, el informe daba vía libre a SFM para adjudicar el contrato de suministro a través de un procedimiento abierto, restringido o negociado, previa convocatoria de la licitación, o bien a través de un procedimiento negociado sin publicidad «cuando concurran circunstancias de dependencia técnica», como en este caso, puesto que el único proveedor que podía suministrar el material era CAF.
Los servicios jurídicos indicaba además que la empresa pública ya había adquirido en otras ocasiones material móvil mediante un procedimiento negociado sin publicidad por dependencia técnica, por lo que «ya existen precedentes en los que se ha optado por esta vía de contratación, habiéndose intervenido y auditado los correspondientes expedientes sin que el resultado de tales actuaciones revisoras haya sido otro que el satisfactorio».
A su salida de la sala de vistas, Verger ha recriminado, en declaraciones a los medios, que se trata de una denuncia «política dirigida a atacar a los adversarios, plagada de falsedades y de información tergiversada». De hecho, ha señalado que el informe jurídico que ha aportado y que daba el visto bueno a la adquisición de los trenes «ni se menciona» en la denuncia.
Verger se muestra a disposición del partido
Verger ha subrayado que no hay «un mínimo indicio» de irregularidad en esta actuación, por lo que solicitarán el archivo de las pesquisas. En lo que a su futuro político se refiere, el portavoz econacionalista, quien anunció que no se presentaría a las primarias de la formación por Palma, se ha mostrado a disposición de su partido y «completamente abierto a estar donde mis compañeros consideren que debo estar».
Preguntado por la posibilidad de acudir a los tribunales en caso de que finalmente sea archivada la denuncia, el portavoz de MÉS ha aseverado que «este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes», por lo que «estudiaremos medidas legales por haber escondido información y presentar informes manipulados».
«Han jugado sucio con acciones que deberían quedar desterradas de la vida pública», ha remarcado Verger, quien ha tildado de «absurda» la denuncia de Orta y ha recalcado que «de esta saldremos reforzados».