Los casos de corrupción cuestan en las Islas unos 1.200 millones de euros, según un estudio elaborado por expertos de la Universidad de Las Palmas.
En toda España, el coste anual es de 40.000 millones de euros y a Balears hay que atribuirle de forma aproximada el tres por ciento del total.
Este cálculo incluye el dinero que roban los corruptos, pero también el que destinan las administraciones a combatir la corrupción y el que se deja de ganar o de invertir en las Islas debido al deterioro de la marca.
La cifra de 40.000 millones anuales a que se refiere la Universidad de las Palmas se queda corta, en opinión de Miguel Cabezas de Herrera, exsíndico de cuentas de Castilla-la Mancha y actual presidente de la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP).
Esta Fundación, en colaboración con la Sindicatura de Comptes de Balears, celebra desde este jueves un congreso nacional que reúne a más de 300 auditores del sector público español.
En la rueda de prensa de presentación de este congreso, a la que asistió también el síndic Major, Pere Antoni Mas, Cabezas de Herrera explicó que el congreso servirá para que los auditores hagan «cierta autocrítica» para determinar cómo es posible que España haya llegado a este punto en corrupción.
«Con una mínima parte de todo el coste que supone al año la corrupción se podrían haber evitado los recortes», afirmó Cabezas de Herrera.