La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Mabel Cabrer, ha criticado este lunes, tras conocer que el 88,4 por ciento de los docentes de las islas no han secundado la huelga en el sector educativo, que «los partidos de izquierdas han fracasado en su cruzada contra el trilingüismo en Baleares».
En rueda de prensa, Cabrer ha aseverado que «hace unos días fueron los padres los primeros que se posicionaron en contra de la huelga», mientras que posteriormente fueron los docentes de Ibiza y Menorca quienes rechazaron secundarla. Por ello, Cabrer ha agradecido a los centros, docentes y padres y madres su «esfuerzo» para que el comienzo del nuevo curso fuese «normal».
En este contexto, la portavoz 'popular' ha reiterado que para su partido la educación ha sido «la apuesta de esta legislatura», una educación, ha afirmado, «en libertad» y que ha permitido que el trilingüismo sea una «realidad que funciona».
Así, ha defendido que se trata de «una apuesta por el futuro de los niños en igualdad de condiciones y una lucha contra el inmovilismo y las decisiones a corto plazo como defiende la izquierda». Para Cabrer, «los buenos resultados del curso pasado demuestran que no hay motivos pedagógicos para hacer una huelga al comienzo del curso, sino más bien motivos políticos».
Sobre las últimas declaraciones del PSOE, en la que la oposición ha criticado al presidente del Govern, José Ramón Bauzá, de «haber ido marcha atrás» en este ámbito, la portavoz ha aseverado que «hay que estar muy desesperado para decir eso» y ha recordado que «tenemos más de 20.000 parados menos que cuando el presidente llegó al Govern, mantenemos crecimiento económico en todas las islas y hemos saneado las cuentas públicas».
A juicio de Cabrer, la oposición, «además de fracasar en su cruzada contra la política educativa del Govern, también lo ha hecho en la económica».
LEY DE MINAS
Por otro lado, Cabrer ha avanzado que durante la sesión plenaria de este martes quedará aprobada la Ley de Minas que recoge técnicamente la realidad del sector y pretende responder a la necesidad evidente de una regulación integral, moderna y eficaz del sector minero balear.
Como principales novedades, la portavoz ha señalado que este proyecto de ley incorpora la obligatoriedad de restauración de las excavaciones o cualquier terreno afectado por extracciones. «No se trata simplemente de rellenar, sino que se debe dejar el terreno en estado satisfactorio y que no afecte al medio natural», ha apuntado.
Precisamente, ha continuado Cabrer, no se permitirá la caducidad de un permiso de explotación de una cantera sin que antes se haya restaurado. Otro punto destacado es la obligación de que todas las explotaciones mineras obtengan la declaración de impacto ambiental antes de diciembre de 2014 por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente.
TRASPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
Según ha explicado la portavoz 'popular', la nueva norma prevé además la creación de un registro minero para conseguir «la máxima transparencia» así como la constitución del Consejo de la Minería, como órgano consultivo y de asesoramiento de la Comunidad, en el marco de «la defensa ambiental y el desarrollo sostenible».
Su finalidad será estimular el consenso y la unidad de acción en materia de minería e impulsar la coordinación de los intereses públicos y privados para fomentar una política minera insular sostenible y estar informado de todas las actualizaciones. De este nuevo órgano formarán parte los ayuntamientos, federaciones de municipios, organizaciones sindicales y empresariales, así como colegios profesionales, asociaciones de defensa del Medio Ambiente y otros agentes socio-económicos.
PARTICIPACIÓN DE CONSELLS INSULARS Y AYUNTAMIENTOS
Finalmente, Cabrer ha hecho hincapié en que «los Consells Insulars y ayuntamientos, a partir del futuro marco legislativo, verán reforzadas sus competencias». En el caso de los Consells, estos deberán decidir las zonas de interés minero y emitir un informe previo y vinculante para que se pueda autorizar la apertura de nuevas canteras fuera de zonas de interés minero.
En lo que respecta a los ayuntamientos, adquieren un papel relevante en todo el proceso administrativo, ya que se prevén medidas compensatorias para el municipio cuando una explotación se sitúe en su término.
LEY DE APOYO A LA MUJER EMBARAZADA
Por su parte, la portavoz de Asuntos Sociales y Derechos Humanos del Parlament, María José Bauzá, ha explicado hoy una proposición de ley, que también será debatida este martes, y por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada y que se enmarca «dentro de la importancia que tiene para el Partido Popular las políticas de apoyo y protección a la familia, y con ella, se da cumplimiento al compromiso electoral de garantizar un apoyo real, a todas aquellas mujeres que libremente decidan ser madres».
Bauzá ha destacado que «se prestará una especial atención a las embarazadas menores de 30 años en situación de desprotección y/o riesgo de exclusión social, y de forma específica a las menores de edad».
Además, ha apuntado como principales ejes de acción de esta iniciativa, el apoyo a la maternidad con políticas activas por parte de las instituciones de Baleares; la potenciación de políticas sociales de carácter transversal de protección de la maternidad en todos los ámbitos de actuación de la comunidad autónoma; el impulso de políticas preventivas y educativas dirigidas especialmente a los menores de edad y el asesoramiento e información de forma personalizada sobre las ayudas y apoyos que puede recibir la mujer para ejercer su derecho a ser madre y la mejor atención a su hijo.
Finalmente, Bauzá ha recordado que durante el debate en comisión, el GPP aceptó el 30 por ciento de las enmiendas presentadas por el PSOE y el 19 por ciento de las de MES.
RETIRADA DE LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO
Finalmente, preguntada por la decisión del Gobierno central de retirar la reforma del Proyecto de Ley del Aborto, Cabrer ha recordado que «siempre hemos defendido la necesidad de reformar ciertos aspectos de esta ley que no compartíamos, y que formaban parte de un texto aprobado por el PSOE de forma unilateral». A partir de aquí, la portavoz ha apostado por «buscar en máximo consenso, y si en estos momentos no se consigue, lo más apropiado es que no empiece su tramitación en el Congreso».