UGT, CCOO y CSI-F han anunciado este jueves una campaña de presión para forzar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a negociar las condiciones del personal y los servicios públicos.
Los sindicatos han explicado en un comunicado que pondrán en marcha una campaña de presión en Baleares y el resto del Estado para que el Ministerio convoque la Mesa de la Función Pública con el objetivo de iniciar una negociación sobre las condiciones laborales.
La campaña de presión con el lema 'Negociación ya' contempla una serie de acciones que comenzarán el próximo viernes 11 de julio con concentraciones a las puertas de los centros de trabajo en el horario del desayuno o los cambios de turno. Las movilizaciones continuarán el 15 de julio con una protesta a las 12.00 horas en la Delegación del Gobierno en Palma.
Los sindicatos mayoritarios de Función Pública confían en que el resultado de estas acciones sea la convocatoria de la Mesa de la Función Pública, que ya pidieron por carta al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el pasado 10 de junio.
Según han dicho los sindicatos, la administración lleva cuatro años «desoyendo» la reivindicación sindical de la negociación colectiva y el diálogo social «como saludable instrumento democrático». Además, «mantiene imposiciones por Real Decreto Ley y modifica de manera unilateral el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
CSIF, UGT, y CCOO reiteran la necesidad de que el Gobierno convoque de manera formal e inmediata la Mesa General de las Administraciones Públicas, para tratar asuntos que conciernen tanto a los dos millones y medio de empleados públicos como al conjunto de la ciudadanía «que merece la mejor de las prestaciones en todos los ámbitos de los servicios públicos».
Las movilizaciones programadas para julio son el inicio de una campaña que se intensificará a partir de septiembre si el Gobierno sigue negándose a reconocer de manera efectiva el derecho a la negociación colectiva del personal público, «y no cesará hasta que el Ejecutivo de Mariano Rajoy cumpla con su obligación de negociar tanto las condiciones laborales de los empleados públicos como las de los servicios que deben sustentar nuestro sistema institucional, social, y de estado de bienestar».