La defensa de la infanta Cristina sostiene que «estuvo completamente al margen de la administración» y «no tuvo ninguna intervención activa en la gestión cotidiana» de Aizoon, la sociedad que compartía al 50 % con Iñaki Urdangarin, porque «como no podía ser de otra manera, confió absolutamente» en su esposo.
Los abogados de la duquesa de Palma, Miquel Roca y Jesús-María Silva, defienden de esta forma la inexistencia de indicios sobre una supuesta participación activa de la infanta en un presunto delito fiscal en el escrito que plantearon en diciembre pasado ante el juez José Castro para expresar su opinión contraria a una posible imputación.
El alegato de la defensa, comunicado por el juez a las partes este martes tras imputar a la duquesa de Palma por fraude fiscal y blanqueo de capitales, plantea que no existe indicio alguno que justifique la citación como imputada de su cliente por cualquiera de los presuntos delitos.
Los letrados argumentan que no hay datos que indiquen que la hija menor del Rey pudiera haber cometido directamente un delito contra la Hacienda Pública a través de Aizoon porque nunca administró la sociedad, ni tampoco de que lo hiciera a título de partícipe.
«La mera circunstancia de ser socio de una compañía supuestamente utilizada por otro para una posible defraudación fiscal de ninguna manera puede ser considerada indicio bastante para sostener una posible participación activa penalmente relevante», indican.
Delito
Tampoco hay ningún dato que apunte a que pudo delinquir por omisión o a que actuara de manera dolosa, señalan los representantes de la infanta, que en varias ocasiones subrayan la dificultad de alegar contra la imputación antes de conocer los argumentos que la sustentan.
Silva y Roca rebaten también que haya indicios de que doña Cristina pudiera haber cometido blanqueo de capitales al gastar fondos procedentes de presuntos actos ilícitos, para lo que sería preciso o bien que conociera ese origen delictivo o bien que cometiera una imprudencia al ignorarlo.
Defienden los abogados que nada permite afirmar que la infanta tuviera sospechas de que el Instituto Nóos, que traspasaba fondos a Aizoon porque ambos estaban bajo la dirección de Urdangarin, desarrollaba alguna actividad ilegal antes de marzo de 2006, fecha en la que formalmente su marido se desligó de la primera entidad.
Sobre si las supuestas advertencias de la Casa Real y las noticias publicadas después de 2006 pudieron hacerle sospechar de que Aizoon recibía fondos ilícitos, como pidió que se investigara la Audiencia de Palma, mantienen que no es relevante porque la sociedad de los duques no recibió trasferencias de Nóos ni de las sociedades vinculadas, lo que sustentan en informes de la Agencia Tributaria.
Este dato fue contradicho por el juez con varios ejemplos en su auto de imputación del martes. El magistrado incluso llamó la atención sobre la coincidencia en el «error» de la defensa de la infanta y la Fiscalía Anticorrupción.
Los abogados sostienen que «no existe ningún indicio para pensar que S.A.R. doña Cristina Federica de Borbón tuviera motivo alguno para creer que su marido (...) pudiera estar incurriendo en ningún tipo de irregularidad de carácter fiscal que le invitara a pensar que los fondos de la compañía de los que ocasionalmente dispuso tenían su origen en un hecho delictivo».
Descartan asimismo la posibilidad de blanqueo imprudente, máxime cuando la infanta es una persona «carente de conocimientos específicos en materia contable y fiscal».
La representación procesal de la duquesa de Palma ha anunciado que recurrirá el auto de imputación del juez Castro, para lo que tiene de plazo hasta el próximo miércoles a las 15.00 horas.