La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor del 'caso Palma Arena', José Castro, que inicie los trámites para abrir juicio oral contra Fernando Areal, exgerente del Partido Popular (PP) de Balears y cuñado del expresident del Govern Jaume Matas, y el expropietario de la agencia de publicidad Nimbus, Miguel Romero, por un presunto delito electoral.
El ministerio público considera que existen los indicios incriminatorios suficientes para sentar en el banquillo de los acusados a Areal y Romero, ambos investigados en la pieza separada número 4 del 'caso Palma Arena', sobre todo, tras el último informe aportado al titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma por la Agencia Tributaria.
Las acusaciones afirman que el Govern de Matas ocultó, de manera intencionada, los gastos electorales correspondientes a la campaña electoral de 2007, y el Ejecutivo que presidía, asimismo, asumió diversas facturas de esa campaña, según la Fiscalía.
Declaraciones
Tanto Areal como Romero han prestado declaración por los hechos investigados. El empresario aseguró ante el juez que Areal le había pagado facturas en negro por servicios prestados en la campaña electoral de 2007 por valor de 70.000 euros, mientras que el excuñado de Matas negó de forma rotunda que realizara pagos con dinero B mientras estuvo al frente de la tesorería de los 'populares'. En el registro judicial efectuado en la sede de Nimbus, los agentes se incautaron de diversa documentación que, según las fuentes consultadas por este diario, constituyen pruebas fehacientes de que se realizaron pagos en B desde la gerencia del PP. El 'caso Palma Arena', que empezó con una investigación del sobrecoste de 50 millones de euros en la construcción de ese recinto deportivo y la presunta financiación irregular del PP, está dividido en 27 piezas separadas.
Una de sus subpiezas, la número 25, es el denominado 'caso Nóos', que en los últimos dos años ha acaparado, prácticamente, toda la actividad del juez Castro, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, e inspectores de la Agencia Tributaria.