El empresario Román Sanahuja, propietario de Sacresa, ha asegurado hoy en el juicio del caso Can Domenge que le pidieron dinero para adjudicarle la venta de dicho solar por parte del Consell de Mallorca: «Se me dijo que para ser ganador de todo hacían falta 4 millones de euros».
Sanahuja ha admitido ante la Sección Segunda de la Audiencia de Palma que le pidieron esa cantidad para adjudicarle Can Domenge a la unión de empresas Sacresa-Ferratur -que ofreció la mitad que el Grupo Núñez y Navarro, 30 frente a 61 millones-.
«Quiero decir la verdad», ha afirmado este empresario que se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de 2 años de prisión por fraude y uso de información confidencial.
Ha ratificado la confesión que presentó hace unos días por escrito de haber pagado los 4 millones, ha dicho que es «toda la verdad» y que decidió confesar para liberarse moralmente y por cansancio: «Porque ya estoy muy agotado y además considero que es mucho mejor que la Justicia y la realidad estén encima de la mesa y punto».
El fiscal Juan Carrau le ha preguntado si sus abogados han negociado un acuerdo con la Fiscalía a lo que ha contestado que quería colaborar con la Justicia y quedarse «un poco más tranquilo».
Sanahuja ha defendido la calidad del proyecto que presentó su empresa al concurso y ha dicho que se sentía ganador: «Pero en un momento determinado se me dijo que para ser ganador de todo hacían falta 4 millones de euros».
«Yo estaba en una montaña de cosas, en Mallorca no estaba y la operación era lo suficientemente importante como para entrar en Mallorca. Había hecho muchos esfuerzos», ha justificado el promotor, que también ha admitido que se le indicó que necesitaba un socio en la isla para conseguir el concurso.
Ha detallado que la petición de dinero se le hizo antes de la adjudicación y se debía pagar «la mitad antes y la mitad después», en abril y septiembre de 2006.
El dinero se lo reclamaron sus asesores en Mallorca, que a su vez habían recibido la petición del entonces vicepresidente del Consell, Miquel Nadal. «Ellos recibieron la transmisión de la gente de Mallorca que eran los que eran. El señor Nadal, así se me dijo», ha afirmado.
«Sé que había una adjudicación prevista a otro constructor pero había sacado un proyecto muy inferior y vinieron a parar a nosotros y ya está», ha afirmado el promotor que ha admitido que antes de que se publicara el concurso, Sacresa había recibido borradores del pliego de condiciones, algo que en su opinión «era un uso normal en el mundo inmobiliario».
«Nosotros desde el año anterior ya teníamos conocimiento de esto. Nosotros y muchísima gente», ha asegurado.
A la pregunta del fiscal de por qué pagaron a políticos si quien decidía el concurso era un jurado de arquitectos, ha afirmado: «Esto fue el gran error. En este caso o es así o no es. Ya teníamos todo el trabajo hecho y teníamos la convicción de que habíamos ganado».
«Yo jamás me había encontrado con esto. No me había pasado nunca. Me habían pedido por ejemplo ayuntamientos 'nos tienes que hacer una escuela, nos tienes que hacer un parque infantil'...», ha explicado ante el tribunal.
Ha indicado que el abogado Santiago Fiol (también acusado), que fue el representante de Sacresa en Baleares, cobró de la promotora 150.000 euros más IVA.
Sobre el hecho de que en la factura presentada por Fiol diga «asesoramiento jurídico en tramitación y adjudicación del concurso», ha reconocido que dicha asesoría consistía «en saber por dónde van las cosas».
También ha admitido que Sacresa facilitó documentación al Consell sobre concursos con precio máximo, una fórmula poco frecuente que se adoptó en Can Domenge. «De alguna manera supongo que nosotros intentamos dar nuestra opinión para que la cosa funcionase», ha afirmado.
Sobre el hecho de que la memoria del proyecto recoja una valoración de los terrenos de 59,8 millones, ha explicado que era necesario para obtener el crédito bancario pero que no era una tasación real. «En Can Domenge, un proyecto de primera línea, con un arquitecto como el que teníamos (Jean Nouvel), de ninguna manera aguanta más de 30 ó 35 millones de euros».
Ha afirmado que en un escenario de coste de 60 millones «no hubiese entrado jamás», como tampoco para construir viviendas de protección oficial en alquiler.