«Sobre tales indicios deviene inevitable que doña Cristina de Borbón y Grecia preste declaración», afirma el juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, en el auto en el que cita como imputada, el 27 de abril, a la hija del Rey en la causa donde se investiga el supuesto desvío de dinero público por un importe de 5,8 millones de euros en la que también esá imputado su esposo, Iñaki Urdangarin.
El juez señala en su resolución, sobre la que cabe un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia de Palma, que imputa a la infanta Cristina porque «la Justicia debe ser igual para todos», una frase que ya pronunció el rey Juan Carlos en las Navidades de 2011, cuando ya se conocía la implicación de su yerno, Iñaki Urdangarin, en la causa.
«Hallándonos en la recta final de la instrucción, no parece procedente que ésta se ultime gravitando la más mínima sombra de sospecha sobre la intervención que (la infanta Cristina) haya podido tener», añade el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma.
Consecuencias
El auto del juez, que ocupa 19 folios, implica que la infanta Cristina se convierta en el primer miembro directo de la Familia Real en ser imputada en un caso de corrupción.
El magistrado considera a la hija del Rey cooperadora necesaria en los delitos que su marido presuntamente cometió al frente del Instituto Nóos, de forma que sin la presencia de ella en la entidad así como sin «el aparente y consensuado refuerzo de la Casa Real», Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres no habrían podido obtener los fondos de las administraciones públicas que supuestamente desviaron.
El juez dice en el auto que no se acaba de entender que S. M. el Rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer su marido «para instarle a desvincularse del Instituto Nóos.
El magistrado José Castro señala que la infanta Cristina «es convocada al objeto de hacer posible que, en calidad de imputada precisamente en garantía de sus derechos, facilite explicaciones que tenga por conveniente».
Subraya que su citación no prejuzga actuaciones procesales ulteriores y deja abierto «todo el abanico de opciones procesales legalmente previsto», desde el sobreseimiento a posibles «reproches penales» o civiles por parte de las acusaciones.
Parte de los indicios que sustentan la decisión del juez de imputar a la infanta Cristina proceden de los numerosos correos que desde abril de 2012 está aportando Diego Torres (en la foto de la izquierda).
El magistrado afirma que si bien esos indicios por sí solos y considerados de forma aislada carecen de «peso suficiente para sustentar una imputación» de la infanta y no constituyen «indicios racionales» de que «interviniera activa y decididamente» en la gestión cotidiana, sí indican que «bastaba con que prestara su consentimiento a que su parentesco con S. M. el Rey fuera utilizado». El juez quiere que la infanta «facilite las explicaciones que tenga por conveniente» en una declaración que versará sobre su intervención en el Instituto Nóos y Aizoon, el manejo y destino de los fondos derivados de esas entidades y las cuestiones que se puedan desprender de ellas.
Criterios dispares
Esta es la primera ocasión que una causa donde se investigan delitos de supuesta corrupción en Balears, los criterios del juez instructor y del Ministerio Fiscal sobre la imputación de una persona no son coincidentes.
Los previsibles recursos que presentarán alguna de las partes personas en la pieza separada número 25 del 'caso Nóos' contra la imputación de la hija del Rey no implican la suspensión de su comparecencia el 27 de abril, aunque el juez instructor, puede dejar en manos de un tribunal, en ese caso la Audiencia de Palma, la decisión final, según las fuentes consultadas por este diario. En ese contexto, y siempre y cuando el magistrado así lo decida, es previsible que la citación se posponga para otra fecha.