La Casa del Rey ha expresado su «sorpresa» por «el cambio de posición» del juez José Castro, instructor del «caso Nóos», al haber decidido imputar a la infanta Cristina, al tiempo que ha mostrado su «absoluta conformidad» con la decisión de la Fiscalía de recurrir esta medida.
Un portavoz de la Casa Real ha informado a EFE de que «tras tener conocimiento por los medios de comunicación del auto de imputación» que afecta a doña Cristina, y «con el máximo respeto por las decisiones judiciales», esta institución «quiere manifestar su sorpresa por el cambio de posición» del titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca.
Según argumenta el portavoz de la Casa del Rey, el juez Castro modifica la posición inicial de no imputar a la infanta «mantenida en el auto de 5 de marzo de 2012, confirmado posteriormente por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca».
«La Casa del Rey quiere también expresar su absoluta conformidad con la decisión anunciada por la Fiscalía Anticorrupción de recurrir este auto, en su posición procesal de imparcialidad y defensa de la legalidad», subraya asimismo el portavoz.
Esta mañana, tras conocer la decisión del instructor del «caso Nóos» de imputar a doña Cristina y citarla a declarar el próximo 27 de abril, fuentes de la Casa del Rey se limitaron a señalar que no comentaban decisiones judiciales, pero esta tarde un portavoz sí ha trasladado una opinión en nombre de la institución.
Su reflexión se sustenta en el contenido del auto dictado por el mismo juez el 5 de marzo de 2012, cuando rechazó imputar a la infanta a requerimiento del colectivo Manos Limpias.
Aseguraba que hasta entonces no había encontrado ninguna prueba ni ningún testimonio que la implicara en las supuestas irregularidades detectadas en el Instituto Nóos.
Manos Limpias recurrió en reforma, pero el 21 de marzo José Castro desechó el recurso tras insistir en que desestimaba la imputación porque «hasta el momento» no se había constatado la existencia de indicios de criminalidad contra la infanta Cristina.
También negaba que procediera así para no estigmatizar a la duquesa de Palma, al tiempo que señalaba que habría acordado la imputación «si hubiera existido indicios objetivos de criminalidad en su contra».
No había entonces, según su resolución, ninguna prueba ni ningún testimonio que implicara a la hija menor del Rey en las supuestas prácticas anómalas detectadas en el Instituto Nóos.
El posterior recurso de apelación llevó la cuestión hasta la Audiencia de Palma que, varios meses después, el 12 de julio de 2012, confirmó la decisión del instructor.
Además de reproducir los argumentos de Castro, el tribunal echaba en cara a la acción popular no haber expuesto en su recurso de apelación los delitos por los que reclamaba citar a la infanta.
También advertía de que en el derecho penal las imputaciones tienen que ser «en positivo», es decir, basadas en delitos y hechos concretos, y no solo con el objetivo de que se investigue algún aspecto del proceso.