Los representantes del gobierno de Maria Salom han preferido guardar un prudente silencio ante la propuesta de reforma de la Administración local que promueve el Gobierno central. El anteproyecto de ley presentado por el ministro Cristóbal Montoro deja a la institución insular con la posibilidad de que sólo 20 cargos públicos cobren dedicación exclusiva.
En estos momentos, un total de 36 políticos cobran sueldo del Consell. De ellos, 26 forman parte del gobierno insular y los 19 restantes son portavoces o portavoces adjuntos de los grupos de consellers. En la institución ni siquiera tienen claro si la ley afecta sólo a las dedicaciones de los portavoces o a las del gobierno.
Los representantes del gobierno insular insistieron en que se trata de un anteproyecto de ley que todavía está sujeto a posibles modificaciones.
La oposición
Más contundente se mostraron los representantes de las oposición. La ejecutiva de los socialistas de Mallorca envió un comunicado en el que denuncian que esta ley marcará la «segunda ola privatizadora» por parte del Gobierno.
La secretaria general de los socialistas de Mallorca, Silvia Cano, asegura en el comunicado que el proyecto va contra la esencia de la democracia «porque solo podrán dedicarse a la política quienes tengan dinero o quienes cobren sobres».
Cano aseguró que la ley provocará más desafección entre los ciudadanos, que percibirán que las instituciones dejan de ser útiles para el mantenimiento del Estado del bienestar. «Esta reforma es una perversión de la democracia que va contra su esencia», señala la secretaria general de los socialistas de Mallorca en el comunicado.