La ‘ley Montoro', que ya se encuentra en fase de trámite, no sólo provocará profundos cambios en los ayuntamientos, sino que también lo hará en el Consell de Mallorca. Para empezar, de los 36 cargos con dedicación exclusiva que hay en el Consell sólo podrán quedar 20.
Menos cargos que en la actualidad.
El gobierno insular está formado por 26 cargos con dedicación exclusiva. A ellos se suman diez cargos más por parte de los grupos políticos. En total, 36 políticos cobran dedicación exclusiva en el Consell cuando la ley permite 20 cargos con sueldo, el mismo número que en el Ajuntament de Palma.
Reducción de asesores y todos de la Administración.
La ley solo permite tener 29 asesores o personal eventual de gabinete, igual que en el Ajuntament de Palma. El Consell de Mallorca tiene en estos momentos 28 asesores a los que se suman los 5 contratados por el IMAS. A la entrada en vigor de la ley solo podrán quedar 29 y todos ellos tendrán que estar contratados por la Administración, no por las empresas.
De conseller para abajo, funcionarios y licenciados.
Los funcionarios cobran protagonismo en la ley. A excepción de la presidenta y los consellers, el resto de altos cargos deberán ser funcionarios con estudios superiores. Esta disposición no afecta a los altos cargos actuales ya que entrará en vigor en la próxima legislatura. No obstante, si alguno de ellos dimite, su sustituto ya deberá cumplir los requisitos fijados por Montoro.
Adiós a las mancomunidades de Mallorca.
Una vez que entre en vigor la ley, las mancomunidades tendrán tres meses de plazo para demostrar que son viables. Si presentan déficit, como es el caso de las que existen en la Isla, quedarán disueltas y sus competencias las asumirá el Consell.
El Consell podrá intervenir ayuntamientos.
Los municipios de menos de 5.000 habitantes que tengan en vigor un plan económico financiero serán intervenidos cuando quede acreditado el incumplimiento de las ajustes. Los cargos electos dejarán de ser retribuidos y sólo el Consell tendrá competencias para ejecutar el plan económico-financiero.
Ninguna nueva empresa pública.
La ley impide la creación de nuevas empresas públicas y deberán cerrar las que sean deficitarias en 2014.
Las guarderías y residencias.
Las guarderías munipales pasarán a manos del Govern en cinco años y las residencias de la tercera edad o los servicios sociales quedarán en manos del Consell, en este caso en un año.