Una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha anulado la resolución del Govern de Pacte que, el 23 de diciembre de 2009, autorizó el traslado del casino de Mallorca de Calviá a Palma.
La decisión judicial exige el cumplimiento de las condiciones que permitieron la apertura del casino e insta a «comprobar» que las instalaciones de Porto Pi reúnen esos requisitos.
En concreto, la sentencia dictada por la Sala de lo contencioso administrativo exige que, además de la autorización del traslado, la empresa acredite las licencias de obras y de actividad del Ajuntament de Palma requeridas como trámite previo al traslado del casino de Calviá a Palma.
El traslado se realizó sin el informe preceptivo y vinculante de la Policía Nacional, aunque éste se presentó en agosto de 2011, dos meses antes de la apertura de las instalaciones.
La sentencia del tribunal que preside el magistrado Pablo Delfont también exige que se actúe de acuerdo con un artículo del decreto del Reglamento de casinos de Balears que reclama, para que se realice el traslado, «el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento de la autorización de instalaciones y apertura y funcionamiento concedidas al casino». Es decir, las mismas condiciones que se exigieron para la apertura del casino en Calvià.
Actividades
El Ajuntament de Calvià -que se oponía al traslado- ya recordó durante el proceso que la autorización inicial implica además de la actividad del juego, actividades complementarias: restaurante de lujo, piscina, club de tenis, club privado de playa, espectáculos, conciertos, «que no se pueden cumplir en las nuevas instalaciones», según el Consistorio calvianer.
La sentencia añade que la autorización de traslado requiere un control «del cumplimiento de las condiciones ya establecidas para la instalación, apertura y funcionamiento».
La resolución, que es firme, se pronuncia sobre un proceso judicial abierto por una demanda de la Asociación de Empresarios de Salas Recreativas y de Juego de Balears presentada hace tres años. Su portavoz, Miquel Ángel Riera, dijo ayer que acababan de recibir la sentencia y que la iban a estudiar a fondo antes de pronunciarse. Pero, de entrada, la valoró positivamente porque da la razón a los argumentos esgrimidos desde el principio del contencioso, según afirmó.
El casino de Mallorca Porto Pi es propiedad del Grupo Nervión, presidido por Miguel Ortíz Cañavate. Las instalaciones cuentan con una superficie de 3.000 metros cuadrados, emplea a 160 trabajadores y sus previsiones iniciales apuntaban auna facturación anual de unos 14 millones de euros. Con una capacidad máxima de 800 personas, su oferta está enfocada, principalmente, a los turistas que cada año visitan Mallorca. El pasado mes de septiembre, un juzgado de lo contencioso desestimó un recurso del Ajuntament de Calvià contra la ubicación del casino en Palma porque «no hay un derecho a favor (de Calvià) para que el único enclave de un casino en Mallorca se encuentre en su término municipal», según la sentencia.