La jueza instructora del ‘caso Voltor', María Carmen Abrines, ha decretado la apertura de juicio oral contra cinco acusados por la instalación de cámaras webs en hoteles de Balears tras los atentados de ETA en Palmanova en el verano de 2009 que, en realidad, ocultó el desvío de fondos públicos desde el Inestur, según el sumario.
Las cámaras fueron colocadas en hoteles de Palma, Alcúdia, Santanyí, Calvià y Cala Millor como una medida de seguridad tras el asesinato por parte de ETA de los guardias civiles Diego Salvà y Carlos Sáenz de Tejada en Palmanova, y el estallido de varias bombras en restaurantes de Ciutat.
«Estas instalaciones carecían de utilidad o servicio alguno puesto que no estaban conectadas a nada», señala el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán.
La magistrada pide un total de 19 años de cárcel a Miquel Nadal, Antoni Oliver, Álvaro Llompart, Carlos Martínez y Sandra Díaz y, además, les impone una fianza de responsabilidad conjunta y solidaria de 100.000 euros. El juicio se celebrará en la Audiencia de Palma en una fecha por determinar.
Los delitos a los que se enfrentan son prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas.
Las penas solicitadas son 4 años para Nadal, exconseller de Turisme; 4 años y 6 meses para Oliver, exgerente del Inestur; 2 años para Llompart, excontable de UM; 4 años y 6 meses para Martínez, administrador de TCP/IB Technologics S.L. y 4 años para Díaz, administradora de esa misma sociedad.
Fondos públicos
Nadal, Oliver y Llompart, «aprovechando los cargos que ocupaban en la Conselleria de Turismo y sus organismos, se pusieron de común acuerdo, para beneficiar con fondos públicos procedentes del Inestur a los dos socios de Technologics mediante el procedimiento de contratar desde este organismo, servicios y trabajos de informática a sus mpresas», según el escrito del Ministerio Público.