La ley 7/2012 de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, también conocida como 'ley Company' -titular de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambiente i Ordenació del Territori-, debía promover la seguridad jurídica pero todo indica que no está siendo así. Hoy, en la UIB, un seminario reunirá a 160 técnicos y expertos para analizar un texto que, según Avel.lí Blasco, catedrático de Derecho Administrativo, «tiene una redacción muy deficiente desde el punto de vista técnico, su aplicación genera muchas dudas. Utiliza unos conceptos muy indeterminados».
La legalización de urbanizaciones, las evaluaciones de impacto ambiental, las cesiones de suelo en las promociones, las reservas de suelo en las viviendas de protección oficial, ... son algunos de los puntos más conflictivos de la 'ley Company', sobre las que pesa una amenaza de inconstitucionalidad por parte del Gobierno.
Las dudas sobre la inconstitucionalidad de parte del articulado se basa en su colisión directa con la vigente Ley del Suelo.