El PSIB pide al Govern que «dé la cara» tras conocer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Baleares ha acordado iniciar negociaciones para resolver las «discrepancias» con algunos artículos y disposiciones de la Ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, que fue aprobada en el Parlament el pasado 29 de mayo y conocida como Ley Company, en referencia al conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company.
En un comunicado, el diputado socialista Jaume Carbonero asegura que esta decisión es una muestra de la «flagrante inconstitucionalidad» de la citada Ley.
Concretamente, el BOE recoge que la Comisión Bilateral de Cooperación, en su reunión celebrada el día 23 de julio de 2012, acuerda iniciar negociaciones para resolver las discrepancias en relación con los artículos 7.2, 10 y 17, disposiciones adicionales 1ª, 3ª y 4ª, y disposición transitoria 2ª de la mencionada ley.
Asimismo, acuerda designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda. Unas decisiones que han sido fruto del trabajo «de oficio» por parte de la Abogacía del Estado, según indica el diputado socialista.
Por su parte, Carbonero ha recordado que los 'socialistas' ya advirtieron de la «presunta inconstitucionalidad del texto por vulnerar la ley del suelo estatal, en relación a la reserva de suelo para la construcción de viviendas protegidas, así como para incluir el silencio administrativo positivo».
Así, el diputado del grupo socialista ha lamentado que el PP «no haya querido escuchar las numerosas voces, tanto desde la oposición como desde la calle, advirtiendo de los efectos negativos de esta ley», lo que demuestra «el talante autoritario de un Govern que no escucha a nadie y gobierna a golpe de decreto, incluso intentando saltarse la Constitución», señala.
Además, Carbonero critica la «inseguridad jurídica que está generando el Govern», ya que, por el momento, «se desconoce si finalmente esta ley continuará vigente o la tumbará el Tribunal Constitucional».