El GOB celebró ayer la Junta Interinsular en Palma, cita anual en la que los representantes de cada una de las Islas presentó un balance sobre la situación medioambiental en Balears calificada como «Un año de Govern Bauzá: la desregularización a la carta y una involución en materia territorial».
Durante la junta, los ecologistas ratificaron su presupuesto previsto el pasado diciembre. Un total de 900.000 euros para Balears en 2012, de los cuales 357.000 son para Mallorca.
El GOB es la mayor asociación ecologista de Balears y España. En las Islas cuenta con 6.000 socios y crece.
Bajo la premisa ‘El ecologismo se refuerza' los miembros de GOB llaman a la sociedad balear a proteger zonas protegidas como Cala Blanca, es Guix o Muleta.
Una llamada de alerta contra la especulación urbanística que abre ley Company y la ley Delgado, consellers de Medi Ambient i Territori y Turisme, repectivamente.
La situación legal es calificada de «desregularización», ya que las normas están articuladas «para deshacer o poder desarmar todo lo que justifica la ley y se encuentra en la exposición de motivos. Básicamente, Company y Delgado quieren hacer lo que les dé la gana», comentó ayer Margalida Ramis, portavoz de la campaña Territorial.
Llamada
Antoni Muñoz, coordinador de la asociación ecologista en Mallorca, destacó la importancia de dar una respuesta social.
A esta llamada se sumaron la presidenta interinsular, la menorquina Concha Juanola; así como el representante de Eivissa Mariano Marí.
Tanto en Menorca como en Eivissa, la situación actual deja en tierra de nadie nada menos que un 20 por ciento del territorio que se había conseguido proteger.
Opacos
Muñoz espera que en los años que quedan de legislatua, el GOB asistirá a movimientos especulativos importantes: «Por la actual situación económica no podemos esperar grandes inversiones pero sí sabemos que querrán comprar derechos sobre terrenos y, en todo caso, buscar promotores extranjeros que preserven su potencial económico».
«Otra cosa será que los próximos gobiernos permitan que los derechos que hoy se pueden adquirir, finalmente puedan ser ejecutados. Es decir, ya veremos si la tan criticada inseguridad jurídica se corrige o, como esperamos, irá a peor. Es una auténtica desregulación», señaló Antoni Muñoz.