El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, ha aseverado hoy que «no hay riesgo» de que la comunidad autónoma sea intervenida por el Estado gracias a los ajustes que su Govern ha aprobado y está aplicando, y que suman en 2011 y 2012 una disminución del gasto público de 850 millones de euros.
Con ocasión de una rueda de prensa, Bauzá ha resaltado los «esfuerzos que desde el primer momento» ha hecho su ejecutivo para aplicar medidas de ahorro de en torno a 500 millones de euros el año pasado, mientras que el plan de equilibrio económico recién aprobado suponen otros casi 350 millones.
«Gracias a estas reestructuraciones no existe riesgo de intervención por parte del Estado sobre Baleares», ha subrayado el presidente de las islas cuando ha sido preguntado por esta posibilidad.
El mandatario balear ha reconocido que tal reducción del gasto supone un «esfuerzo muy importante que no le pasa desapercibido a nadie».
«Pero es el momento de hacer un esfuerzo y de tomar decisiones con valentía que no son fáciles ni agradables, pero estamos aquí para hacer lo que haga falta», ha añadido.
Sobre las rebajas de la confianza en la economía balear por parte de empresas internacionales de calificación, Bauzá ha comentado que éstas no han tenido en cuenta el plan de equilibro económico hecho público el pasado lunes y cuyos resultados se verán reflejados en un futuro.
Bauzá ha realizado estas declaraciones con ocasión de la visita hoy a Palma del presidente del Senado, Pío García-Escudero, que también ha sido preguntado en la conferencia informativa celebrada en el Consolat de Mar sobre los recortes aplicados por el Govern y el hecho de que Baleares sea la primera comunidad autónoma en cerrar hospitales, en concreto, el General de Palma y el Joan March de Bunyola.
García-Escudero ha respondido que los ajustes planificados por el Govern son «dignos de reconocimiento por el valor que supone tomar determinadas decisiones que son dolorosas de tomar, pero que son absolutamente necesarias».
El presidente del Senado ha mantenido que debe ser el ejecutivo autonómico quien establezca las medidas adecuadas para controlar el gasto y el déficit, algo que es «obligatorio» para todas las administraciones públicas. «Desgraciadamente, se ha vivido por encima de nuestras posibilidades», ha concluido el presidente de la Cámara Alta.