La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francina Armengol, ha pedido al presidente del Govern, José Ramón Bauzá, que reclame al Gobierno los 240 millones de euros del Fondo de Competitividad que debe a Baleares y que apruebe una reforma fiscal por la que «paguen más quienes más tienen».
La portavoz socialista ha hecho esta propuesta después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobara ayer el plan de saneamiento presentado por el gobierno de Bauzá y de que se vayan conociendo algunos de los recortes previstos que afectan a los servicios públicos, informa hoy el PSOE en un comunicado.
Ha expresado su «desacuerdo rotundo» con estos posibles recortes y ha reclamado al presidente que defienda los intereses de los ciudadanos de las islas reclamando los 240 millones de euros del Fondo de Competitividad el Ejecutivo autonómico debe recibir del central.
Ha propuesto, ante la situación de crisis económica y de falta de recursos de la Administración Pública, una reforma fiscal con la que el Govern podrá obtener más dinero haciendo pagar más a los más ricos, para evitar así recortes en sanidad o educación,
En este sentido, el diputado socialista Antoni Diéguez ha anunciado la presentación de dos proposiciones no de ley de medidas tributarias.
Estas proposiciones no de ley servirán para aumentar el tipo en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para rentas superiores a 100.000 euros, así como el impuesto sobre sucesiones y donaciones a partir de 600.000 euros.
La segunda de las proposiciones no de ley será para la creación de un tributo propio de Baleares sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y que gravaría los elementos patrimoniales que tengan que ver con actividades que inciden, alteran o ponen en riesgo de deterioro el medio ambiente.
De esta manera, explica el PSOE, se contribuiría a compensar la sociedad el coste que supone frenar el deterioro del entorno natural.
Diéguez ha manifestado que este impuesto afectaría a empresas con grandes beneficios económicos que tienen instalaciones y estructuras que se destinan a las actividades de producción, almacenaje, transformación, transporte y suministro de energía eléctrica y de carburantes y combustibles, así como a las actividades de comunicaciones telefónicas o telemáticas.
El diputado socialista ha detallado que con esta reforma se podrían obtener unos 300 millones de euros en la legislatura que ayudarían a mejorar la financiación de la Comunidad Autónoma.
Diéguez ha afirmado que «si el Govern necesita recortar 380 millones en el gasto público, aquí tiene ya 300 millones que puede obtener con esta reforma fiscal».