«Pensaba que me dejaban un agujero y he encontrado un abismo». Así definió la situación económica del Ajuntament de Palma el portavoz del gobierno, Julio Martínez, durante el primer pleno ordinario de la legislatura, aunque se negó a cuantificar el déficit. El también responsable d'Hisenda advirtió que el coeficiente de endeudamiento, un «indicador para saber si Madrid autoriza a Cort para pedir financiación a los bancos», ha pasado en cuatro años del 38 % al 75 %, «el máximo legal permitido».
Blanquerna. La apertura al tráfico de la calle Blanquerna fue otro de los puntos más polémicos del orden del día. Así, durante las intervenciones de los vecinos se pudieron apreciar las discrepancias que existen entre los partidarios de la peatonalización de la calle y los que piden que se abra al tráfico. El regidor de Mobilitat, Gabriel Vallejo, reiteró que si vecinos y comerciantes no aceptan la propuesta de Cort (abrir Blanquerna al tráfico entre Antoni Marquès y Tizià) se volverá a la situación consensuada en la comisión con todas las partes implicadas, es decir, permitir la circulación en toda la calle. El gobierno tiene la intención de continuar negociando con vecinos y comerciantes la próxima semana y si no alcanzan un acuerdo firmarán el decreto de apertura al tráfico.
Dinamizadores lingüísticos. El PP manifestó ayer que varios de los dinamizadores lingüísticos de Cort iban en las listas del PSM y comparó esta situación con la 'operación Picnic', en la que los informadores medioambientales supuestamente trabajaban para UM. El portavoz del PSM-IV-ExM, Toni Verger, desmintió estas acusaciones y amenazó con interponer una querella al portavoz del gobierno, Julio Martínez, por calumnias. Verger insistió en que los dinamizadores lingüísticos no eran contratados por la regiduría de Cultura, sino por una empresa externa. No obstante, instó a los populares a que lleven las contrataciones a la fiscalía si sospechan que hay irregularidades, en lugar de lanzar dudas. Martínez aclaró que había comparado a los dinamizadores lingüísticos con los informadores medioambientales porque en ambos casos las contrataciones eran a personas de un solo partido.
Santa Catalina. El PSM-IV-ExM y varias entidades pidieron al gobierno que proteja el edificio de Avenida Argentina 31 por sus valores patrimoniales. Sin embargo, el teniente de alcalde d'Urbanisme, Jesús Valls explicó que están a la espera de que se constituya la comisión de centro histórico y anunció que en la decisión de proteger el edificio o permitir su derrumbe pesarán mucho los costes económicos que su catalogación podría tener para Cort. Valls recordó que en julio de 2010 (cuando gobernaban el PSOE y el Bloc) la gerencia d'Urbanisme aprobó por unanimidad concender el permiso de demolición a los propietarios y en febrero de 2011 la licencia de obras. El responsable d'Urbanisme insistió en la necesidad de que haya seguridad jurídica y evitar que los inversores salgan damnificados.
Contratos del SOIB. La decisión de cancelar la contratación de 346 personas paradas fue otro de los puntos más controvertidos del pleno. Así, los partidos de la oposición acusaron al gobierno de incumplir su programa electoral, en el que se prometía crear ocupación. La teniente de alcalde de Benestar Social, Sandra Fernández, calificó de irresponsabilidad que el gobierno de Calvo aprobase las citadas contrataciones sin tener presupuesto para ellas, ya que el SOIB no ha realizado la transferencia.