El pleno del Parlament ha rechazado esta tarde el anteproyecto de ley de Mujeres y Hombres de Baleares, conocido como Ley de Igualdad, con los votos en contra del PP, la abstención de Convergencia per les Illes -antes Unió Mallorquina- y a favor de los demás diputados.
La diputada del grupo popular Isabel Llinas ha rechazado el anteproyecto por considerar que Baleares «ya tiene una» ley de igualdad, la aprobada por el PP en la pasada legislatura en 2006, y ha acusado al Govern de «saltarse» la aplicación de dicha norma.
«Se nos hace cuesta arriba apoyar este proyecto de ley porque no basta con llenar el BOIB de tinta con una norma nueva, las leyes están para aplicarlas y cumplirlas gusten o no», ha justificado la diputada del PP.
Llinas ha señalado que ha recibido insultos y presiones para favorecer que la norma se aprobara y acusaciones de bloquearla y ha calificado de grave «que se quiera culpar al único grupo parlamentario de la oposición de la incompetencia del Govern, que si durante tres años y medio no ha sido una prioridad tramitar esta ley, ahora sí lo es ante el pobre y raquítico balance que puede presentar».
Por su parte, CxI se ha abstenido en la votación y tampoco ha apoyado la norma, como ha anunciado que haría en el caso de que fueran rechazadas sus enmiendas para que la ley incluyera la fijación de la custodia compartida como fórmula preferente en caso de separación, divorcio o nulidad de un matrimonio.
En la presentación de la norma, la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, ha subrayado que la norma no solo defendía la igualdad sino que introduce la aplicación de medidas correctoras y de discriminación positiva e incluye un título de infracciones y sanciones.
El texto establecía la garantía de la representación equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de titulares de órganos de las administraciones públicas, de manera que la presencia de cada sexo no superase el 60 % ni esa inferior al 40 %.
También establecía que los centros educativos segregados, que diferencian a niños y niñas, no recibirían ayudas públicas, creaba la figura del Defensor de la Igualdad para garantizar la equidad en el sector privado, incluía el concepto de violencia económica en la definición de violencia de género e incluía un régimen de infracciones y sanciones.