La Comunidad balear cuenta desde hoy con una Ley del Buen Gobierno para luchar contra la corrupción y mejorar la eficacia de la administración pública, y que ha sido aprobada en el Parlament tras un intenso debate con los votos favorables de PSIB-PSOE, Bloc y UM, y la abstención del PP a la mayor parte de la misma.
El texto, que ha salido adelante en la última sesión parlamentaria de la VII legislatura, afecta al Govern balear, a sus empresas y a la administración, y pretende la mejora de la calidad en el trabajo que realizan y ofrecen a los ciudadanos, así como evitar que se cometan actuaciones irregulares.
La diputada socialista Rosamaría Alberdi le ha asegurado al PP que tendrá que explicar a la opinión pública por qué se ha opuesto a los principales artículos del texto como los referidos a los principios éticos y reglas de conducta o que a que Parlament tenga la potestad de examinar la idoneidad de los altos cargos públicos.
Desde el Grupo popular, la diputada Catalina Soler ha aseverado que esta nueva ley es una «operación estética» del Ejecutivo autonómico justo en el último pleno después de que la Sindicatura de Cuentas haya reprendido al Govern por el continuo fraccionamiento de los contratos públicos durante los años 2008 y 2009, y después de que haya concluido que es ilegal que no haya presentado en el Parlament los presupuestos de la Comunidad de 2011.