El juez de instrucción número 7 de Inca (Mallorca) ha admitido la personación del PP de Balears como acusación popular en las diligencias previas que investigan el accidente del tren de Manacor, ocurrido el pasado 19 de mayo cerca de Sineu y en el que hubo 32 heridos.
Según ha informado el PP, cuyo abogado es el ex fiscal Ignacio Gordillo, el siniestro se debió «a una negligencia en el proyecto de obra y en su posterior ejecución», al tiempo que sostiene que los hechos, por su gravedad, pueden ser constitutivos de varios delitos de lesiones por imprudencia.
La motivación del PP al personarse en este caso es «contribuir al esclarecimiento de lo hechos» y, en su caso, promover que se adopten las «eventuales responsabilidades penales».
El PP ha insistido en que, según la información de que dispone, en la fase I del proyecto de reapertura de la línea Estación del empalme a Artá no se preveía la construcción de ningún muro de contención en el lugar del accidente (p.k. 42.800 trinchera a la salida de Sineu).
La introducción de los muros de contención que se derrumbaron fue objeto del proyecto modificado número 2, «en el que se observan graves deficiencias de diseño de dichos muros al no existir cálculos en los mismos», dice el PP.
El PP asegura también que la tramitación administrativa del modificado del proyecto vulneró la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 13/1995), ya que el informe de supervisión técnico del proyecto que debía ser previo al acta de replanteo se efectuó una vez inauguradas las obras.
El PP ha afirmado que tiene informes y fotografías que atestiguan además que, a pesar de no existir proyecto técnico supervisado, ni cálculos, el muro de contención que se derrumbó «ya se estaba construyendo en diciembre de 2002, por tanto, sin tramitación alguna».