OLGA QUINTANILLA
Las disconformidades respecto a resoluciones judiciales dictadas en Balears constituyen la mayor preocupación de los residentes en las Islas, según el informe del Defensor del Pueblo de 2005 que recoge un total de 313 quejas en Balears, un 13 por ciento menos respecto al año 2004.
Los impuestos, las bonificaciones al transporte aéreo y marítimo, los problemas que genera la telefonía e Internet figuran también como preocupaciones destacables.
El ámbito medioambiental y urbanístico, así como la lengua y la regularización de los inmigrantes son otras materias en las que los residentes han expuesto sus denuncias. El capítulo con mayor número de quejas pertenece a la Administración económica, que tiene que ver con todo lo relacionado con la gestión en áreas como el turismo, hacienda pública, bienes patrimoniales del Estado, ordenación del transporte, industria e infraestructuras, entre otros, y que registró un total de 76 quejas.
De éstas, la recaudación de impuestos, seguidas de las que afectan al transporte aéreo, la telefonía, los servicios derivados de la sociedad de la información y el funcionamiento del transporte urbano reflejan el malestar de los isleños.
Hay otras quejas menos representativas que aluden al perjuicio que está causando la fórmula del todo incluido, la contratación de seguros, el transporte marítimo y ferroviario, la industria, la energía o actuaciones referidas al registro de información al crédito de impagados.
La Seguridad Social, en lo que se refiere a las cuotas de protección de distintos colectivos, concentra la mayor parte de las quejas en el capítulo de Sanidad y Política Social, así como su cotización y recaudación, con cifras muy similares de quejas sobre la extensión de bonificación aérea y marítima para los no residentes de la UE en las islas.
La atención sanitaria especializada, los problemas a los que deben enfrentarse a diario los discapacitados en materia de infraestructuras adaptadas, sin pasar por alto la atención residencial para la tercera edad, hacen reflexionar sobre las medidas que los organismos públicos y privados deben acometer en las Islas. Las complicaciones implícitas de las relaciones laborales en mayor medida, pero también el desamparo en casos de menores, la solicitud de información en casos de consumo público y la atención al cliente en las farmacias también suscitan preocupación entre los isleños.
En relación con el área de Justicia y Violencia Doméstica, son varios los aspectos que preocupan a los residentes con litigios pendientes o que han finalizado. En primer lugar, destacan por cuantía las quejas relativas a disconformidades con resoluciones judiciales que han tenido lugar en juzgados de Balears, constituyéndose así en la mayor preocupación de los ciudadanos de las islas respecto al conjunto global de quejas. Hay aspectos que también merecen quejas judiciales por parte de los residentes isleños, como son las actuaciones o los honorarios de los abogados que ejercen en las islas, la información específica sobre indultos o los retrasos en la resolución de éstos, aunque en menor medida.