La nueva Oficina Judicial, un proyecto del Ministerio de Justicia que incluye un conjunto de medios personales, materiales y tecnológicos que rodean al juez en el desarrollo cotidiano de su trabajo, se propone, entre otras cuestiones, acabar con el atasco de asuntos en los juzgados de Balears cuando entre en pleno funcionamiento, a partir de octubre de este año. En las Islas hay cerca de 60.000 causas sin cerrar. Asimismo, existe un «tapón» muy importante en el juzgado de ejecutorias, que ya se está intentando remediar. El subdirector general de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal, Augusto González, explicó ayer en una rueda de prensa que el ciudadano «será el principal beneficiario del proyecto», ya que, «la Oficina Judicial modernizará y racionalizará la infraestructura personal, material y tecnológica que rodea al juez».
La Oficina Judicial implantará en los 58 juzgados y tribunales de Palma el modelo organizativo conocido como Oficina Judicial, que liberará al juez de tareas administrativas y potenciará el papel de los secretarios, y que requiere además de una serie de obras menores que darán comienzo «de forma inmediata».
González encabezó la delegación del Ministerio de Justicia que presentó a representantes de instituciones judiciales, políticas y sindicales de Balears el proyecto de Oficina Judicial, que deriva de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Administración de Justicia de Balears estuvo representada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antoni Terrasa, el fiscal jefe, Bartomeu Barceló, y el juez decano, Francisco Martínez. El proyecto prevé atribuir al secretario judicial la competencia para dirigir la oficina, lo cual liberará a los jueces de diversas tareas administrativas.