El conseller de Treball i Formació, Eberhard Grosske, aseguró ayer que muchas empresas de Balears irían a la quiebra si los inmigrantes que residen en las Islas regresasen a sus países. «Si las personas que están cubriendo puestos de trabajo y en situación irregular mañana se fueran muchas empresas quebrarían», planteó Grosske tras la reunión de la Mesa de Diàleg Social, donde se analizó la situación de la inmigración en Balears. El titular de Treball, en contra de la tesis defendida por Maria Antònia Munar durante las últimas semanas, está convencido de que «la agricultura no puede funcionar sin mano de obra inmigrada».
La Mesa de Diàleg considera que la inmigración es un fenómeno social «muy delicado y complejo que debe ser tratado con mucho cuidado y rigor por parte de todos: partidos políticos, organizaciones sociales y medios de comunicación». En el documento se aclara que los inmigrantes extracomunitarios son «una parte minoritaria de la inmigración actualmente existente en Balears» y que la regulación de este segmento migratorio «es competencia exclusiva del Estado».
Según Grosske, el problema de Balears «no radica en el hecho de que exista más inmigrantes extracomunitarios de los que puede absorber nuestro mercado de trabajo sino en la necesidad de establecer una concordancia entre estos flujos y las necesidades objetivas del mercado de trabajo». «No podemos rechazar a quienes nosotros mismos hemos llamado para que nos ayuden a alcanzar los estándares de riqueza que tenemos y culpabilizarlos de nuestra falta de recursos», reiteró Grosske al concluir la reunión de la Mesa de Diàleg, que está formada por instituciones, sindicatos y patronales.
Además, la Mesa de Diàleg quiere establecer canales directos entre organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, el servicio público de ocupación y Delegación del Gobierno para que los trabajadores extranjeros puedan acceder al permiso de trabajo y residencia de manera rápida y que los puestos de trabajo existentes puedan cubrirse de forma normalizada. Por último, la Mesa considera que es obligación de las administraciones públicas contribuir a la integración armónica de trabajadores inmigrantes desde el punto de vista social.