El PP va a presentar en los próximos días un recurso contencioso"administrativo contra el decreto de nombramiento de los dos representantes del Govern en la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca. Los populares quieren que los jueces se pronuncien sobre el nombramiento de Rafael de Lacy y Pedro Amorós como miembros de la Comissió Insular d'Urbanisme en representación del Govern cuando ninguno de los dos cumple el requisito de estar adscrito a la Conselleria d'Obres Públiques, tal y como marca la Ley de Atribución de Competencias de Urbanismo.
El PP entiende que el Govern ha cometido «fraude de ley» al elegir a sus dos representantes de la Comissió Insular d'Urbanisme ya que el conseller de Presidència, Antoni Garcías, justificó que Pedro Amorós había sido contratado para una asistencia técnica en Obres Públiques.
La diputada del PP Mabel Cabrer entiende que un contrato técnico no es un requisito suficiente para que Pedro Amorós pueda pertenecer a la Comissió Insular d'Urbanisme. «El espíritu de la ley es que al menos un miembro de la Comissió Insular esté adscrito a la Conselleria d'Obres Públiques, y no que un contratado externo por dicho departamento represente al Govern», sostiene Cabrer.
El conseller Antoni Garcías cree que el contrato de Pedro Amorós para realizar una asistencia técnica en la Conselleria d'Obres Públiques garantiza la legalidad de su nombramiento en la Comissió Insular d'Urbanisme. Garcías mantiene que los servicios jurídicos del Govern dieron totales garantías para el nombramiento de Amorós. La elección de estos dos representantes fue adoptado por el Consell de Govern en su reunión del día 17 de septiembre, y se publicó en el BOCAIB el 23 del mismo mes. Lacy y Amorós sustituyeron a Cristòfol Huguet y Carlos Cañellas, ambos del PP.