El fiscal de Eivissa Antoni Torres solicitó documentación al consulado español en Rosario y a la oficina del censo electoral para comprobar cómo se había producido la inscripción de los 74 ciudadanos argentinos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de Formentera y verificar si existían vínculos suficientes entre estas personas y la isla para que les fuera concedido el derecho al voto. Torres quería comprobar si las informaciones periodísticas en las que se recogían testimonios de dichos ciudadanos manifestando que no conocían Formentera ni tenían allí ascendientes eran ciertas. Una vez estudiada dicha documentación, el coordinador de los fiscales ibicencos tomó la decisión de poner los hechos en manos de los tribunales, a partir de una denuncia que se hizo ayer efectiva.
«En principio no parece que exista ningún nexo entre numerosos de estos emigrantes argentinos censados y Formentera, por lo que es necesario investigar si ha habido algún tipo de fraude en su inscripción», apuntó ayer Torres.
El fiscal ibicenco dijo ayer que ahora el juzgado de instrucción número dos deberá investigar para saber si los 74 censados «eligieron caprichosamente Formentera para inscribirse, sin que nadie les informara de los requisitos de la Ley Electoral, o si algún organismo público les recomendó que se censaran».
Por otro lado, el conseller d'Interior del Govern balear, el ibicenco Josep Maria Costa, se mostró satisfecho ayer por el inicio de la investigación judicial de este caso, aunque también quiso mostrarse cauto y no acusar a nadie hasta que no existan sentencias judiciales.