Un juez federal de Argentina ordenó el desafuero y el arresto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento en el caso de un atentado antisemita ocurrido hace más de dos décadas, una decisión que la actual senadora y mayor opositora al Gobierno dijo fue orquestada desde la presidencia.
En un fallo fechado en la víspera pero que se hizo público el jueves, el juez Claudio Bonadio también pidió el procesamiento del excanciller Héctor Timerman, pero con el beneficio de prisión preventiva domiciliaria por su estado de salud, y el arresto de otros dos aliados políticos de Fernández.
«Estos funcionarios del Estado Nacional, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos», señaló Bonadio en su resolución.
Fernández, la más vocal opositora al presidente liberal Mauricio Macri, resultó electa senadora en las elecciones legislativas de octubre pasado y el Senado debe quitarle los fueros parlamentarios para que pueda ir a prisión.
Argentina ha acusado a Irán de un ataque antisemita que dejó 85 muertos en Buenos Aires en 1994, pero las pesquisas están estancadas después de más de 20 años de investigaciones.
La causa por supuesto encubrimiento se inició en enero de 2015 -cuando Fernández aún era presidenta- por una denuncia del fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto en su departamento días después de hacer su controversial acusación.
La denuncia fue desestimada en varias instancias judiciales, pero el año pasado fue reabierta por un tribunal tras el pedido de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
«Es una causa inventada sobre hechos que no existieron. No hay delito (...) Mauricio Macri es el director de la orquesta y en este caso Bonadio ejecuta la partitura judicial», dijo Fernández en una rueda de prensa desde el Congreso.
Aliados de Fernández convocaron a una manifestación de protesta para la noche del jueves.
Nisman denunció un supuesto complot del Gobierno de Fernández para encubrir a los iraníes responsables de un atentado a la mutual israelita AMIA, sobre quienes pesan pedidos de captura internacionales de Interpol desde hace años.
El Senado argentino está en receso hasta marzo, por lo que podría decidir el año próximo sobre el pedido judicial para remover la inmunidad parlamentaria de Fernández.
Sin embargo, no está claro qué pasará en la Cámara Alta con el pedido de desafuero de Fernández, ya que las alianzas políticas están en una etapa de redefinición tras la renovación de un tercio de las bancas en las elecciones de octubre pasado.
«En este caso hay una causa de tipo netamente política, de una evaluación que hace un juez (sobre) el sentido de un acuerdo diplomático», dijo el senador peronista Rodolfo Urtubey, un antiguo aliado y luego distanciado de Fernández.
«CACERÍA»
Aunque exfuncionarios han calificado a la acusación del fallecido Nisman como «ridícula», líderes de la comunidad judía creen que la investigación del fiscal tenía fundamentos.
«Lo que investigaba el fiscal Nisman tenía cierta solidez (...) Hay pruebas que sostienen la denuncia», dijo a la televisión local Ariel Cohen Sabban, presidente de la DAIA.
La denuncia considera que un memorando de entendimiento firmado en 2013 entre Argentina e Irán para trabajar juntos y conformar una comisión internacional para investigar el caso AMIA en realidad buscaba exonerar a los iraníes acusados.
Exfuncionarios de Fernández argumentan que ese acuerdo apuntaba a reactivar el caso, que está trabado desde hace años.
«No hay ningún delito tipificado en la denuncia», dijo a Reuters recientemente un funcionario judicial que investigó el caso.
En la madrugada del jueves, la justicia también detuvo al exsecretario del área legal y técnica del Gobierno de Fernández y candidato a vicepresidente en las últimas elecciones presidenciales, Carlos Zannini, en la ciudad de Río Gallegos, en la patagónica provincia de Santa Cruz.
Casi al mismo tiempo, el dirigente político Luis D'Elía -un antiguo aliado de Fernández- fue detenido en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.
«Han desatado una cacería» sobre los opositores, dijo Agustín Rossi, actual diputado y exministro de Fernández, a la radio local Con Vos. «El responsable de esta cacería es el presidente Mauricio Macri».
Otros exfuncionarios de la administración de Fernández y hasta la misma expresidenta -que gobernó Argentina entre 2007 y 2015- están siendo investigados por acusaciones de corrupción. Varios de sus exfuncionarios incluso ya están tras las rejas.