La expresidenta argentina Cristina Fernández fue procesada este miércoles por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa que investiga irregularidades en la concesión de obras públicas en su mandato, lo que supone su primer proceso en una investigación por corrupción.
El magistrado federal Julián Ercolini, en línea con lo expresado por la Fiscalía, consideró que «se encuentra acreditado» que la exmandataria, entre otros miembros de su equipo y el empresario constructor Lázaro Báez, integraron una asociación «destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz».
Ercolini, que dictó además contra Fernández un embargo de unos 615 millones de euros, ordenó también el procesamiento de, entre otros, Báez, del exministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015 Julio de Vido y del exsecretario de Obras Públicas en el mismo periodo José López, quien está en prisión preventiva desde que en junio fue sorprendido ‘in fraganti' cuando trataba de esconder 8,5 millones de euros en un convento.
El expediente, abierto tras una denuncia formulada en 2008 por, entre otros, la diputada oficialista Elisa Carrió –entonces opositora–, estudia un supuesto esquema de «beneficios exclusivos» a favor del grupo Austral, propiedad de Báez –cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y ahora detenido por presunto lavado de dinero–, en detrimento de las arcas del Estado. «Se empieza a hacer Justicia», expresó ayer Carrió a través de la cuenta oficial de Twitter de Coalición Cívica, su agrupación política.
Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, fiscales del caso, ya habían apuntado contra los imputados por presuntos delitos de «administración infiel» y de negociaciones incompatibles con la función pública, al ver indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez.
Segunda causa
Aunque la exjefa de Estado, que presidió Argentina de 2007 a 2015, ya suma otro procesamiento por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su gestión, es la primera vez que es procesada por una causa propiamente relacionada con delitos considerados de corrupción.
«Estamos con mucha tranquilidad, porque era algo esperable. Es una causa del año 2008, han pasado dos periodos constitucionales, nunca la han llamado a (declaración) indagatoria en estos dos periodos y ahora que está el Gobierno de Macri la llaman a indagatoria y la procesan», criticó uno de los abogados de la expresidenta.
A su juicio, y en la misma línea de discurso de su representada, todo esto «es típico de una persecución absolutamente política y judicial». El letrado adelantó que «posiblemente» se presentará una apelación ante la Cámara Federal al considerar que lo expuesto por Ercolini es «de una calidad realmente paupérrima».