Persecución judicial, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial. Son solo algunos términos relacionados con el concepto lawfare, de actualidad estos días en el marco de la negociación de la ley de amnistía con los independentistas que acerque al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, a los votos necesarios para garantizar su investidura. El lawfare remite a la utilización abusiva o ilegal de los medios políticos institucionales; una suerte de guerra sucia y deliberada que trata de socavar la imagen pública del oponente. Algunas voces de la política nacional hace tiempo que lo mencionan, y parece ser uno de los extremos que más ha tensionado la negociación con Junts.
A finales de la semana pasada parecía un hecho el acuerdo del PSOE con el partido de Carles Puigdemont, tras el ‘sí' de ERC a Sánchez. Finalmente, aquello que aparentemente debía ocupar unas horas se demoró varios días, en los que el clima de tensión se disparó hasta abocar a destacados disturbios frente a la sede de Ferraz. La bandera de la ley de amnistía, agitada por los críticos, es reclamada por parte de los soberanistas como una especie de escudo protector para aquellos que se han visto inmersos en distintas causas judiciales en los últimos tiempos.
Las negociaciones se postergaron más de lo previsto, por un lado, porque Junts quiso aplicar esa amnistía a independentistas a quienes consideran que se han forzado leyes e interpretaciones del derecho para obtener condenas que consideran injustas. Del lado del PSOE, la pretensión radicaba más bien en armar un texto jurídico suficientemente sólido, que supere sin sustos ni problemas el veredicto del Tribunal Constitucional. Muy presente está aun lo ocurrido alrededor de la conocida como ley del 'solo sí es sí' y todos esos efectos indeseados tan contraproducentes para sus legisladores.
Significativas fueron las palabras de todo un secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez. «Qué casualidad» esgrimió, al comentar la coincidencia en el tiempo de la acusación por terrorismo al expresidente Puigdemont o Marta Rovira (Esquerra) por parte del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en los días en que los socialistas negocian con el independentismo una salida al laberíntico cisma del procés a cambio de apoyar un nuevo gobierno progresista en La Moncloa. Rodríguez señaló que los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son «verdaderos okupas», por los cinco años que su mandato acumula expirado sin la precisa renovación, los mismos que han censurado una ley de amnistía que «todavía no existe».
Fue el mismo Puigdemont quien recuperó más recientemente el término lawfare. Antes que él Podemos ya enarboló en el pasado la bandera del lawfare como parte de esa supuesta persecución de estado que, a modo de ejemplo, buscó sus fuentes de financiación en lejanos regímenes irrespetuosos con los derechos humanos más inherentes. En el caso del ahora eurodiputado de Junts, recordó un debate moderado por él mismo en el seno de la Eurocámara titulado «Lawfare: la judicialització de la política». En aquella ocasión se plasmaron, por ejemplo, casos de trascendencia internacional, como el del actual presidente de Brasil Lula da Silva. Hay quien considera que, en la esfera catalana, pueden catalogarse como persecución premeditada la causa que ha afectado a la expresidenta del Parlament catalán, Laura Borràs, condenada por su gestión de la institución de las Lletres Catalanes y pese a ello ratificada en la dirección de Junts. Ya puestos, qué separa a Borràs del lawfare o al propio rapero mallorquín Valtònyc.
Las actuaciones del sistema judicial contra las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR), y muy particularmente la paralización del aeropuerto de Barcelona El Prat por parte de Tsunami Democràtic y su derivada por terrorismo a altos cargos independentistas son otras caras de la misma moneda, aparentemente exigida por Junts, y que al menos durante unas jornadas pudo hacer descarrilar el pacto, y por tanto, el intento de Pedro Sánchez de repetir como presidente del Gobierno. No obstante queda por ver, en el detalle del acuerdo y de la ley que dentro de poco será elevada a las cámaras, cómo se etiquetan estas situaciones o si la amnistía se enfoca más en situaciones colectivas que en personas con nombres y apellidos.