La mayoría de los nuevos gobiernos autonómicos, y muy posiblemente el nuevo gobierno nacional que saldrá de las urnas, pueden enfrentarse a un escenario en el que su capacidad de maniobra fiscal se vea dificultada tanto por las hipotecas del pasado como por el nuevo entorno económico. Un excesivo endeudamiento, un limitado crecimiento y un menor apoyo europeo pueden dificultar las reformas fiscales prometidas.
Este martes, el Govern de Balears aprobó la derogación del impuesto de sucesiones entre los parientes más cercanos y bonificaciones del 50% y del 25% entre los parientes de segundo y tercer nivel. Igualmente, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales se aprobaron bonificaciones en la compra de la primera vivienda para los más jóvenes y para las familias numerosas o a cargo de dependientes. Este paquete fiscal valorado en algo más del 1,2% de la recaudación fiscal marca el cambio prometido y es muy similar a la senda prometida por los partidos que parecen encabezar las encuestas para los próximos comicios.
Sin embargo, este cambio fiscal puede verse comprometido a medida que disminuye la autonomía fiscal del nuevo gobierno. La reintroducción de las reglas fiscales a partir de 2024 exige una seria reducción del déficit que se situaba a finales de 2022 en el 4,8% (según la AIREF). Si se cumplen las previsiones, a finales del 2023 el déficit debería situarse en el 4,1% y a finales del 2024 por debajo del 3%. Si el Gobierno entrante no aumenta la recaudación impositiva, este recorte del déficit implicaría por sí solo rebajas de más de 15.000 millones de gasto a lo largo de los próximos años.
Pero no solo es el recorte del déficit el que presiona. El coste de financiación de la actual deuda aumenta día a día. El Gobierno actual preveía pagar este año 31.500 millones de intereses para remunerar a los tenedores de los más de 1,5 billones de deuda que acumula España. Sin embargo, el escenario de inflación que estamos viviendo ha provocado que esta cifra sea ya 5.000 millones superior a la del 2022 y se prevé que aumente 5.000 millones anuales en los próximos 3 años hasta alcanzare los 46.500 millones en el 2026. Dada esta situación, en el 2025 a los 30.000 millones de recorte del déficit se les debería sumar 10.000 millones adicionales de sobrecoste de la duda si no se incrementan los impuestos. Pero estos cálculos sólo serán factibles si no aumenta la prima de riesgo actual de la deuda española, situación que tras la retirada de las compras de deuda del BCE y el agotamiento de los fondos europeos (gratuitos) Next Generation se hace aún más difícil de creer.
España ha tenido un crecimiento agónico desde el 2019. De hecho, acabamos de recuperar el nivel de producción (PIB) alcanzado en el 2019 y ya empezamos a mostrar síntomas de agotamiento. Este agónico crecimiento se ha basado en tres pilares. Tipos de intereses anormalmente bajos, fondos europeos gratuitos y el crecimiento desmesurado de la deuda (casi récord entre los países europeos). Estos tres elementos desaparecerán en los dos próximos años y, por el contrario, nos encontraremos con un sector público excesivamente pesado que desplaza o expulsa al sector privado de la economía. El denominado efecto crowding-out se hará patente.
Recordemos que desde 2019 apenas ha crecido la economía, pero que el sector público ha creado más de 180.000 puestos de trabajo. De hecho, desde el 2018 el 55% de los puestos de trabajo creados han sido en el sector público que para financiarlos ha aumentado los impuestos, la deuda y se ha beneficiado de los fondos europeos. Pero a partir de ahora esos elementos desaparecen teniendo que mantener una administración pública mayor que absorbe recursos que hubieran financiado inversiones y puestos de trabajo en el sector privado.
En conclusión, pese a los deseos de revertir la orientación fiscal, las administraciones entrantes se encontrarán probablemente con un escenario en el que la disminución de los recursos exigirá un esfuerzo de austeridad, de mejora continua de la gestión de los recursos y al retorno del crecimiento económico basado en el sector privado.