El mayor calvario que han padecido las monjas jerónimas «en toda su historia», desde que a finales de 2014 el Bisbat de Mallorca inmatriculase la que es su ‘casa’ desde el año 1485, el Convent de Santa Elisabet de Ciutat –conocido popularmente como Sant Jeroni–, ha llegado por fin a su clímax. El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Palma reconoció este jueves en una sentencia que las religiosas son las «propietarias» del convento. El escrito de la jueza Pilar Ramos Monserrat constata que el dominio de los tres inmuebles que lo conforman –monasterio, iglesia y una casa anexa– es de las monjas y anula así la «inmatriculación» del Bisbat, que deberá pagar las costas del juicio. Frente a esta decisión puede interponerse un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Balears. El Bisbat ya ha anunciado que recurrirá la sentencia. (Aquí puedes consultar la sentencia completa).
«La verdad padece, pero no perece». Esta cita de Santa Teresa de Jesús encabeza el triunfal comunicado de las monjas jerónimas, emitido por su representante legal, la abogada Pilar Roselló, en el que expresan su «satisfacción grandiosa, dando gracias a Dios y con una alegría máxima por el fruto» de todos estos años «de lucha». Celebran que la Justicia constate que son las propietarias de Sant Jeroni, convento que vienen «poseyendo, ampliando, cuidando y atesorando pacíficamente y sin interrupción desde 1485», con la consiguiente cancelación del «asiento inmatriculatorio provocado por las certificaciones» del Bisbat de Mallorca «emitidas contra todo derecho y razón», añade la letrada, en noviembre de 2014.
El martirio de las monjas jerónimas comenzó cuando, en noviembre del año 2014 y tan solo meses después de que las religiosas se trasladaran al Monestir de Sant Bartomeu de Inca, el Bisbat inmatriculó el Convent de Sant Jeroni. A partir de ese momento, la institución eclesiástica reclamó en innumerables ocasiones las llaves del convento a las monjas. Todo ello desembocó en un juicio que se celebró en diciembre de 2016 en el que las jerónimas exigían la nulidad de dicha inmatriculación, con un fallo desfavorable, aunque «en ningún momento se refirió el juez a la propiedad», aclara Roselló. En ese momento, la representante legal de las monjas comenzó a trabajar en una demanda que ahora han ganado y que ratifica judicialmente que «las jerónimas son las propietarias del convento».
Sobre la sentencia, considera que está «muy bien fundamentada y construida, con una verdad aplastante», y que «se hace eco de la gran documentación presentada en la demanda, que consta de 143 documentos». En su escrito, la jueza aclara que las monjas «son quienes han pagado los impuestos, tasas, recibidos de contribución, y quienes han gestionado distintas subvenciones, arrendado en distintos momentos varios espacios y locales del conjunto que conforma el monasterio, contratado los suministros de luz y agua, pólizas de seguros y, en suma, quienes han realizado innumerables actos de dominio en el seno de su posesión como dueñas inmemoriales».
También deja claro la jueza que las monjas jerónimas han ejecutado a lo largo de estos años rehabilitaciones en el conjunto, como «obras de ampliación y reconstrucción»; y que las religiosas han custodiado y cuidado durante siglos «un patrimonio cultural» que incluye «reliquias, relicarios, retablos, pinturas, esculturas, orfebrería, cerámica, bordados, libros, manuales de canto gregoriano y composiciones de músicos mallorquines», además de «un archivo documental dividido en seis secciones: Pergaminos, Legislación e Instituciones, Comunidad, Culto y Administración».
Por otra parte, la abogada de las monjas celebra que la sentencia constate que «sí existe una priora del convento», sor Ángeles Sanz, nombrada en 2018 por la Santa Sede, y que el Bisbat «negaba». Precisamente, sor Ángeles Sanz, entre otros asistentes, ofrecerán una rueda de prensa este viernes en el convento palmesano.
El apunte
El Bisbat acata la decisión y anuncia que recurrirá
Tras conocerse la sentencia que reconoce la propiedad de Sant Jeroni a las monjas jerónimas, el Bisbat de Mallorca, la parte demandada, anunció en un comunicado que «respeta las decisiones judiciales» pero manifiesta su «disconformidad con la sentencia», contra la cual tiene intención de «interponer un recurso de apelación». También afirma que su «voluntad en todo momento» ha sido «devolver la vida religiosa» a Sant Jeroni.