La junta directiva y el Patronato de la Fundació ACA se ampararon en la Ley de Fundaciones como «escudo» para afirmar que «no era legal hacerse cargo de los cuidados y la alimentación de mi padre [Antoni Caimari Alomar, fundador y alma máter de esta institución con base en Búger], pero se olvidaron o quisieron olvidarse de leer lo que dicta la Ley de Donaciones, según la cual ayudar a mi padre era una obligación». Así lo explicó ayer a este periódico Antoni Caimari Caldés, quien no descarta ejercer acciones legales contra «la junta directiva» de la entidad. Además, el Protectorado de Fundaciones da la razón a los familiares de Caimari sobre su destitución como presidente de ACA en octubre de 2019, un acto «ilegal, improcedente e inadmisible».
Sobre el primer punto, Caimari Caldés detalla que la Ley de Donaciones del Código Civil explica en los artículos 634 y 648: ‘La donación podrá comprender todos los bienes presentes del donante, o parte de ellos, con tal que éste se reserve, en plena propiedad o en usufructo, lo necesario para vivir en un estado correspondiente a sus circunstancias». También que la donación «podrá ser revocada a instancia del donante, por causa de ingratitud si le niega indebidamente los alimentos». Además, la ley dice que «el donatario tiene el deber de proporcionar apoyo, sostén y alimentos al donante».
En el caso de Antoni Caimari, fallecido el pasado 28 de febrero, su hijo subraya que «él lo donó todo a la Fundació», pero con cláusulas. La primera, «el usufructo de la casa donde residía», y la segunda, que «podría acceder a la Sala de Piano del espacio de Búger cuando él quisiera». Según su primogénito «no se cumplieron porque, en el primer caso, su situación económica no permitía que viviera allí», sobre la segunda, «el Patronato decidió cambiar la llave de la Sala del Piano sin su consentimiento».
En este sentido, el hijo de Caimari informó el pasado lunes 22 de marzo sobre este giro en los acontecimientos a la junta directiva y el Patronato de ACA. «Me dijeron que debía haberlo dicho antes, no hay mayor defensa que un buen ataque; me pidieron que reflexionara y que lo quería mi padre era que hubiera paz. Yo les dije que sí, que también quiero la paz, pero mi padre también era una persona justa, ahora que no me intenten vender pena, quiero que se haga justicia, caiga quién caiga, no hay derecho a que tratasen así a mi padre».
Por otra parte, el hijo Caimari afirma que «la destitución de mi padre como presidente de ACA» en octubre de 2019 fue «ilegal, improcedente e inadmisible». Lo constata en base a una resolución del Protectorado de Fundaciones en respuesta a una denuncia de la familia Caimari y emitida en diciembre del pasado 2020, poco más de un año después de la salida de Caimari como presidente. En la misma se narra que «no procede llevar a cabo la inscripción del acuerdo de destitución de Antoni Caimari Alomar sin una previa resolución judicial de incapacidad y por este motivo, básicamente, da por desistida la solicitud de inscripción del referido acuerdo y subsiguiente nombramiento de nuevo presidente'». Es decir, «Liniu Siquier fue presidenta de ACA de manera ilegal durante un año», cuenta Antoni Caimari Caldés. «Legalmente no es válido porque no se presentó un informe judicial que acreditase la incapacidad de mi padre, todos se basaron en opiniones puramente personales». Aunque al conocer la resolución del Protectorado de Fundaciones, «lo que hizo la junta directiva de ACA no fue rectificar, sino que no tardaron mucho tiempo en designar a mi padre presidente de honor».
Dimisión
La familia está esperando ahora «a que nuestro abogado recabe toda la información para actuar después en consecuencia». Pese a ello, «evidentemente no quiero que nadie vaya a la cárcel, pero para mí la paz sería que dimitiera la junta directiva». Está conformada por Liniu Siquier, presidenta; Miquel Àngel Tortell, secretario; Jaume Pellicer, contable, y el abogado Josep Ferrer.