La prisión de Zaballa, en Álava, incorporará a 32 interinos, diez este viernes y 22 a partir del próximo lunes, para poder recuperar la normalidad en el centro después de que se hayan tenido que suspender servicios básicos destinados a los presos, ya que desde el pasado 4 de diciembre ha habido «un incremento de las incapacidades laborales» de trabajadores, hasta sumar 73. Hoy mismo se prevé reanudar los contactos directos de los reclusos con sus familiares y allegados, y de no ser posible, se les facilitará tablets.
El director del centro Penitenciario de Zaballa, Benito Aguirre, ha comparecido en la sede del Gobierno Vasco, en Vitoria-Gasteiz, para informar sobre la situación del centro penitenciario de Araba (Zaballa), donde el incremento de las incapacidades laborales, un total de 73 desde el 4 de diciembre, ha obligado a la suspensión de servicios básicos que afectan a «derechos fundamentales» de la población reclusa, que en la actualidad asciende a unos 840, y que es atendida por 200 trabajadores solo de servicio interno de la cárcel.
El Juzgado de guardia de la capital alavesa, a instancias del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, investiga si en el centro penitenciario se está produciendo «una huelga encubierta» y si, por tanto, se han cometido posibles delitos.
Tal como ha explicado Aguirre, los servicios suspendidos por la actual situación son los que hacen referencia a la actividad tratamental en los ámbitos de la educación, la formación, la cultura y el ocio. «Nuestra intención es recuperarlas cuanto antes, dando prioridad a los que están relacionados con la seguridad de las personas. La segunda prioridad es el acceso al trabajo --que permite a los reclusos tener ingresos económicos--, y la tercera, garantizar el contacto directo con sus seres queridos», ha subrayado.
Benito Agirre ha explicado que los talleres se suspendieron durante un solo día en esta «crisis», y ha precisado que el Departamento de Justicia ha activado la incorporación de personas pertenecientes a una bolsa de interinos, y este mismo viernes han empezado a trabajar una decena. El lunes se incorporarán otras 22 personas.
En todo caso, ha reconocido que, «posiblemente», la calidad del servicio se verá «menoscabada porque será prestada, primero, por menos personas, y algunas de esas personas tendrán poca experiencia». «Pero, con los trabajadores que se mantienen en su puesto de trabajo en estos momentos, prolongando su jornada de trabajo, demostrando un sentido de la responsabilidad muy relevante, y el apoyo de estas personas que se van a incorporar, entendemos que el servicio saldrá adelante», ha remarcado.
El director de Zaballa ha querido dejar claro que el conflicto laboral no se gestiona en el ámbito del centro penitenciario, y ha apuntado que los Juzgados de Vigilancia penitenciaria deben «gestionar la tutela de los derechos de la población interna» en las prisiones.
Por ello, ha explicado que él no ha denunciado «nada», sino que, como es obligación, ha notificado a las autoridades judiciales «servicios esenciales, derechos» de los presos, que «por el motivo que sea, no se están cumpliendo», y se han visto «interrumpidos».
«Yo en ningún momento he hecho referencia a bajas médicas, sino a la carencia en la prestación de los servicios motivadas por incapacidades laborales sobrevenidas y no previstas, sin hacer ningún tipo de valoración sobre cuál es el contexto en el cual esas incapacidades laborales se están produciendo o se han producido», ha manifestado.
Traspaso de prisiones
Aguirre, como gestor de la cárcel de Zaballa, ha querido reconocer la labor de las personas que, desde el 1 de octubre de 2021 ---cuando Euskadi asumió la transferencia de prisiones--, «están gestionando una situación nueva en cuanto que la realidad del centro penitenciario de Álava ha cambiado, se ha modificado en términos cuantitativos y cualitativos».
En este sentido, ha destacado que hay más población interna porque la administración vasca «ha hecho un esfuerzo muy potente para permitir que aquellas personas oriundas del País Vasco o que tengan vinculación al País Vasco, puedan cumplir condenas si lo desean en el País Vasco».
«Eso ha implicado que los recursos humanos que hasta este momento tenemos, que son los que teníamos antes, hayan tenido que redoblar sus esfuerzos. Es un dato objetivo que implica que los profesionales del centro penitenciario de Álava durante estos tres años hayan hecho un esfuerzo, que ha implicado la prolongación de su jornada de trabajo mediante horas extras, evidentemente de forma voluntaria, no de forma obligatoria», ha precisado.
A su juicio, se trata de «un indicador más de esa capacidad y de ese grado de responsabilidad que han demostrado y que siguen demostrando en estos momentos».
El director del centro penitenciario alavés ha insistido en que el trabajador penitenciario es «cualificado, se enfrenta a un trabajo complejo, difícil y por supuesto peligroso». De hecho, ha admitido que en el centro se ha producido algunos incidentes de seguridad que se han «resuelto gracias a la profesionalidad, al arrojo de las personas que lo padecieron y que lo gestionaron».
Aguirre ha señalado que han informado a la población interna de la situación, que ha sido «cambiante» desde el 4 de diciembre, para que avisen de la situación a sus familiares y sus allegados ha señalado.
«Por ejemplo, este fin de semana teníamos previsto repartir de forma masiva medios electrónicos, informáticos, tablets, para que, en el caso de que no se pudieran recuperar con cierta normalidad las comunicaciones presenciales, lo pudieron hacer, no solamente el fin de semana, sino durante el tiempo que durara esta situación a través de videollamadas», ha añadido, para señalar que es una medida extraordinaria.
Las tablets son una herramienta de uso ya normalizado en el centro penitenciario, pero que se pone a disposición de los presos cuyos familiares del exterior tienen ciertas dificultades por lejanía, por carencias o dificultades de tipo económico para desplazarse a la prisión.