La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha alertado que el nuevo registro de viajeros, recogido en el Real Decreto 933/2021, está causando «incertidumbre jurídica» y ha asegurado que se están registrando «fallos técnicos» en el sistema.
Esta semana entró en vigor las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor y que contempla multas de hasta 30.000 euros para los incumplidores.
El Ministerio Interior asegura que en todo el proceso de elaboración y aprobación del decreto ha respetado el principio de transparencia y eficiencia, al haber contado con la participación de los destinatarios y quedar los objetivos de la regulación claramente definidos tanto en el preámbulo de la norma como en la memoria, sin que «se hayan incluido cargas administrativas innecesarias o accesorias».
Las empresas afectadas se verán obligadas a proporcionar los datos correspondientes en la plataforma Ses.Hospedajes, que lleva disponible desde 2022 y en la que ya se han registrado 61.540 establecimientos hoteleros, 1.994 agencias de viajes, 222 plataformas digitales, 1.720 empresas de alquiler de vehículos a motor. Sumando todas estas empresas, se han registrado un total de 4,77 millones de datos de usuarios vinculados a estas empresas.
El sector detecta "deficiencias" y presentará alegaciones
«No era el momento de exigir el cumplimiento del decreto sin haber resuelto cuestiones como el nuevo modelo de parte de viajeros, las formas telemáticas de transmisión de los datos, los criterios para registrar y guardar la información. Hay fallos técnicos que están afectando al sistema. El decreto proclama alinearse con los principios de seguridad jurídica y coherencia normativa, pero la realidad ha sido distinta», han criticado desde la AEHM.
Asimismo, la asociación ha indicado que durante el periodo de adaptación, «la falta de claridad y certidumbre ha generado numerosas dificultades para nuestros asociados». Por ello, ha reclamado que «el desarrollo normativo corrija estas deficiencias y permita un funcionamiento eficaz de la plataforma».
«Los establecimientos hoteleros albergan una preocupación adicional, ya que los nuevos datos que ahora deben registrar y comunicar pueden poner en riesgo la privacidad personal y familiar de sus clientes. En este sentido, presentaremos alegaciones permitentes y no descartamos emprender las acciones legales necesarias para garantizar que este sistema respete plenamente el marco jurídico español y europeo», ha avanzado.
Los hoteleros de Madrid han pedido al Ministerio del Interior «atender las demandas» del sector y a implementar las medidas «necesarias» para «subsanar los problemas actuales», ya que «es fundamental garantizar un entorno normativo que favorezca el equilibrio entre los intereses de seguridad nacional y el desarrollo del sector turístico».
Empresarios critican "el aumento de carga burocrática"
Por su parte, Madrid Foro Empresarial ha criticado el nuevo registro de viajeros porque «conlleva un aumento significativo de la carga burocrática tanto para los turistas como para los empresarios del sector». Asimismo, ha señalado que la medida «pone en peligro la competitividad de España y, en particular, de Madrid como destino internacional».
En un comunicado, el coordinador de la Mesa de Turismo de Madrid Foro Empresarial, Luciano Ochoa, ha asegurado que «medidas como esta puede reducir la afluencia de viajeros, dañando la actividad económica de numerosos sectores, desde la hostelería hasta el transporte y el comercio».
«Es un tema preocupante porque roza la alegalidad. Estamos en una situación que lo que puede pasar es que se llegue a vulnerar la Ley de Protección de Datos. Los turistas no tienen por qué decir con quien viajan ni dar el número de su tarjeta de crédito. No son necesarios, ya pasan por un control de pasaportes cuando entran en nuestro país y los que se recogen cuando hacen la reserva son suficientes», ha insistido.
En esta línea, ha cargado contra el Ministerio de Interior, que justifica este registro de viajeros como «una medida necesaria para la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo». «Esta excusa no puede justificar la imposición de trámites burocráticos innecesarios que afectan a la competitividad de sectores clave como el turismo», ha defendido Madrid Foro Empresarial.