El nuevo decreto de Viviendas de Protección Pública (VPP) en la Comunitat Valenciana incluirá la obligación de una reserva mínima del 40 por ciento de las nuevas viviendas, tanto públicas como privadas, a los menores de 35 años y a las familias monoparentales. Además, se apuesta por la colaboración público-privada para «incentivar» la construcción de vivienda protegida, se fijan distintos niveles de protección para los inmuebles y se introduce un módulo «dinámico» y «pionero» en España para fijar precios máximos, que se actualizarán anualmente.
Así se ha dado a conocer este jueves el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha presentado la norma acompañado de la vicepresidenta y responsable de Vivienda, Susana Camarero; de Begoña Serrano, la directora del Instituto Valenciano de Edificación y de Fernando Coscallón, director de la Cátedra del Observatorio de la Vivienda de la UPV. Al acto han asistido representantes del sector, sindicatos o representantes de ayuntamientos.
El nuevo decreto se llevará «muy pronto» al pleno del Consell para su aprobación, según ha subrayado Mazón, que ha recalcado que el reglamento pretende «corregir la preocupante situación de la Vivienda Valenciana en los últimos años», y la «difícil herencia» recibida, con soluciones que considera que son «reales» y «factibles».
Asimismo, a través de esta norma podrán beneficiarse familias con alguna persona con discapacidad o dependencia o víctimas de violencia de género. El reglamento también incrementará el nivel de renta máximo para acceder a una vivienda protegida para las familias que tengan mayores a su cargo o hijos con edades entre los 18 y 35 años.
La nueva norma va a desplegar un sistema para la fijación de los precios máximos. Se trata de un módulo «dinámico, no fijo y pionero» en España que, según Mazón, «va a marcar un antes y un después en la Comunitat Valenciana y en España».
Este nuevo módulo, «no encorsetado» y de actualización anual, tendrá limitado su nivel máximo y permitirá abaratar las viviendas al fijar un precio inferior en aquellos municipios «en los que se den las circustancias» y «siempre garantizará» que el precio de venta para las VPP en la Comunitat Valenciana esté por debajo del de mercado para la venta libre.
En este sentido, los costes de edificación en la zona se ajustarán de acuerdo con la evolución de los precios de mercado de la vivienda libre en esa área, la presión demográfica y la evolución de las rentas medias en cada uno de los municipios de la Comunitat Valenciana.
"punto crítico"
Según Mazón, la falta de viviendas en la Comunitat Valenciana ha llegado a un punto «crítico» y es «especialmente preocupante» para los jóvenes. El 'president' ha subrayado que el precio del alquiler ha aumentado un 90% y el de compra un 49% entre 2015 y 2023. «Tenemos que corregir una situación en la que la oferta y la demanda se han desequilibrado por completo y esto afecta con especial virulencia a los jóvenes y a las rentas bajas», ha añadido.
El jefe del Consell ha hecho hincapié en que lo más «necesario» es la colaboración entre el sector público y el privado «sin ningún tipo de prejucios» y «con todo el sentido común del mundo». Por eso, el nuevo reglamento incide en incentivar a los promotores a construir más viviendas protegidas.
Hasta la fecha, según Mazón, los promotores no han estado «incentivados». Al mismo tiempo, con la nueva norma se busca que se garantice la seguridad jurídica. Así, el nuevo reglamento establece distintos niveles de protección donde se mantendrá el carácter permanente para todas las viviendas de titularidad pública.
El periodo de protección podrá oscilar entre 30 años para las promociones en suelos calificados para VPP; 20 para aquellas promociones que se desarrollan en suelos que hasta ahora se destinaban a la construcción de vivienda libre y 15 años para las calificadas como joven.
Simplificación administrativa
En esta línea, la nueva norma también introduce medidas para «facilitar» las tramitaciones y acortar los plazos para la obtención de calificaciones. «Es fundamental acabar con la burocracia», ha defendido Mazón. El nuevo decreto, según el 'president', profundiza en una «mayor simplificación administrativa» con «menos intervencionismo y más agilidad».
Mazón ha apuntado que este nuevo reglamente de VPP es la «primera piedra» de un proyecto legislativo «mucho más amplio» y de un conjunto de acciones que aseguren «una respuesta eficaz del Consell a las necesidades de acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana».
Así, este nuevo decreto se suma a otras iniciativas como el Plan VIVE que prevé la construcción de 10.000 nuevas viviendas asequibles al que ya se han adherido más de 200 municipios de la Comunitat Valenciana.
También ha puesto en valor la línea de avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para menores de 45 años dotado con 20 millones de euros. Una iniciativa que permite que el comprador obtenga un préstamo de hasta el 95% del precio de la vivienda.
Asimismo, ha recordado las medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda con la reducción de un 25% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Así para menores de 35 años, colectivos más vulnerables y compradores de viviendas de protección oficial de régimen general, se ha rebajado el ITP al 6%. En ambos casos con un valor de la vivienda de hasta 180.000 euros.
Del mismo modo, se ha referido a la ampliación del Bono Alquiler Joven 2023-2024 que «ha permitido beneficiar» a 5.640 menores de 35 años, un 44% más que la última convocatoria. Para estas ayudas se han destinado 31,9 millones de euros, con un incremento del 40%.
"un paso más"
El 'president' ha asegurado que, con este decreto, se ha dado «un paso más» en el «compromiso con la legislatura de la vivienda al aportar soluciones reales y factibles para incentivar la construcción de nuevas viviendas que faciliten el acceso a jóvenes y familias al mercado inmobiliario».
En esta línea, Mazón ha destacado que se busca «corregir» la situación del mercado inmobiliario en la Comunitat Valenciana «tras años de inacción en esta materia» y trata de impulsar la construcción de viviendas «asequibles y accesibles» que «revierta la carencia de oferta de vivienda de los últimos años y una política ineficaz».