El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Francisco Galán, ha solicitado «cautela» al Gobierno de la ciudad antes de adjudicar el contrato del servicio de la ayuda a domicilio porque el pliego «precariza» las condiciones laborales de los trabajadores, en su mayoría mujeres.
En rueda de prensa, ha pedido no solo cautela sino también «prudencia» a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la adjudicación de este servicio porque es el «principal» de las políticas sociales del Ayuntamiento para atender a las personas mayores y dependientes. Por ello, ha instado a que se alargue el plazo de adjudicación que legalmente vence en diciembre de este año, hasta que no se resuelva el proceso en los tribunales por lo pliegos.
Galán ha lamentado el «cruento cambio» en las condiciones el servicio de ayuda a domicilio del pliego que se ha publicado en julio para que las empresas lleven propuestas hasta el 14 de agosto.
Recoge un presupuesto de más de 200 millones de euros en tres años prorrogable dos años más para las personas más vulnerables y a cierre del 14 de agosto muchas empresas han licitado para atender a más de 8.000 personas mayores y con 1.200 nóminas, que en su mayoría son mujeres, que verán de una «manera importante reducidas las condiciones laborales que se precarizarán de forma importante».
Al respecto, ha expuesto que una familia que tiene adjudicado el servicio si se va de vacaciones la persona que atiende al mayor vería reducido el horario laboral, pero no es así porque ese tiempo que iría a una bolsa de horas para adjudicar a otra familia, con las condiciones fijadas está al «albur de la empresa que sea así».
De llevarse a cabo, los trabajadores «pierden derechos reivindicados desde hace 12 años y se precariza un colectivo sensible». Las 1.200 mujeres que atienden a las personas dependientes «verán precarizadas sus condiciones laborales de forma sustancial, se empobrecerán y tendrá que utilizar los servicios de urgente necesidad que paliaban las carencias de estas mujeres ya precarias». Asimismo, supondrá que el Ayuntamiento pierda el control, ha alertado.
Pendiente del tacpa
A su parecer, es una «falta de sensibilidad y de planificación» de la alcaldesa a la que ha pedido que defienda los derechos de las trabajadoras en lugar de que empeoren las condiciones laborales.
Ha precisado que no solo alerta el PSOE, sino los principales sindicatos de atención a las personas mayores, que lo han llevado al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), que todavía no se ha pronunciado sobre la petición de medidas cautelares desde que el plazo haya terminado el 14 de agosto.
Galán ha comentado que los sindicatos «han alertado en agosto y han pedido paralizar el proceso pero está sin resolver porque hay que aclarar la situación de derecho de una mejora sustancial que se debería aprovechar con ese aumento del presupuesto más social de la ciudad».
Su impresión es que las condiciones del pliego «daña a las mujeres trabajadoras, a las familias y a las personas dependientes».
Es una «vulneración de derechos» que también se ha llevado ante el Justicia de Aragón, ha apostillado el concejal socialista. «No se puede hablar de cuidado integral de las familias cuando en sus políticas --de Chueca-- se ve una deriva a la precarización y al modelo economicista».
En este sentido ha dicho que el PP «o cambia la hoja de ruta o está bien definida la reducción de derechos a los trabajadores» para avanzar que el PSOE se sumará a las movilizaciones programadas porque es una «reivindicación lícita».
Ha abundado más al criticar que el Gobierno de Zaragoza «no tiene altura de miras en la planificación de uno de los pilares del Estado del bienestar» y ha vuelto a pedir que permita alargar el plazo legal para atender un servicio fundamental a los ciudadanos.